Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Atípica, R. (2024) ‘Entrevista a Juan Martín Mena’, Revista Atípica, Agosto 2024, pp. 6–13.
Revista Atípica: Ministro, queríamos agradecerle por darnos la entrevista y compartir su mirada para las y los lectores de Atípica. En primer lugar, queremos preguntarle ¿cuáles son las principales líneas de trabajo del Ministerio a su cargo, a seis meses de iniciada la gestión?
La gestión del sistema penitenciario es uno de los principales desafíos que tiene este ministerio. Se trata de un problema estructural para el que resulta indispensable un abordaje que integre a los distintos actores del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Otro gran desafío es el de mejorar el sistema de administración de justicia de nuestra provincia para que sea accesible, de calidad y que responda a las necesidades actuales de los y las bonaerenses. Desde el ministerio trabajamos para extender la cobertura territorial de los Centros de Acceso a la Justicia y Asistencia a las Víctimas (CAJUS). Creemos que cumplen un rol fundamental para acompañar a quienes deben acercarse a la justicia. Por otro lado, hay varios equipos que trabajan en articulación con el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema, para mejorar las distintas instancias judiciales (de investigación, juzgamiento y ejecución de la pena). Por último, la cobertura de vacantes judiciales constituye una dimensión fundamental para el mejoramiento del sistema de administración de justicia.
En cuanto al tema de las vacantes nos pusimos desde el día uno a trabajar y logramos ya la aprobación de 51 pliegos de magistrados que estaban en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos abocados a tratar un nuevo paquete de cobertura de vacantes. No vamos a aflojar hasta ponernos al día con esta deuda que tenemos con los 17 millones de bonaerenses, porque la no cobertura de las vacantes implica un mal funcionamiento del servicio de administración de justicia, se pone muy lenta. Una persona que tiene que cubrir un cargo, termina cubriendo dos o tres y eso repercute en una respuesta tardía hacia los problemas que los vecinos llevan al Poder Judicial. Por eso, para nosotros es una prioridad absoluta.
En materia de política criminal, el desafío fundamental es la construcción de una política planificada en la cual la actuación de las fuerzas policiales, el poder judicial y las agencias penitenciarias estén articuladas detrás de objetivos claros. En este sentido, el control de la criminalidad consiste en la reducción de fenómenos delictivos a través de medidas específicas, cuyo diseño debe provenir del conocimiento detallado de las dinámicas criminales. Por esta razón, la producción de información y el análisis criminal son dimensiones imprescindibles a abordar si pretendemos llevar adelante políticas estratégicas.
En cualquier caso, para poder dar respuestas eficaces es fundamental que se defina con precisión el problema que se va a atacar: por ejemplo, los mercados ilegales de drogas, el robo automotor, las violencias de género, las estafas digitales, son todos fenómenos muy distintos que reclaman acciones de diverso tipo. Cuando se anuncian medidas generales se cae en una falta de rigor y precisión, y se pierde la oportunidad de desarrollar acciones estratégicas.
Otra cuestión importante es que la política criminal debe abrirse a la participación ciudadana. Es necesario que la comunidad conozca las acciones que se llevan adelante, que se exprese y participe de los procesos de diseño, implementación y evaluación. Esta dimensión hoy recae en gran medida en los gobiernos municipales, que en los últimos tiempos se han convertido en actores protagónicos y han asumido muchas competencias relacionadas con la agenda pública de justicia y seguridad. De modo que la planificación, las decisiones basadas en el conocimiento y la focalización son algunos de los aspectos que creo deben priorizarse en el campo de la política criminal.
Queríamos saber su visión acerca de la política penitenciaria. El profundo desfinanciamiento por parte del gobierno nacional a las provincias, ¿cómo impacta en el plan de infraestructura del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que viene llevando adelante el gobierno de la provincia?
Cuando Axel asumió la gestión en el año 2019 se encontró con que la política penitenciaria del gobierno anterior de Vidal había sido un absoluto fracaso, lo que se expresaba en una situación de hacinamiento en las cárceles que desvirtuaba su función y producía un aumento de la reincidencia delictiva. Fue una calamidad porque subió la tasa de reincidencia y quien recuperaba la libertad, en vez de reinsertarse en la sociedad, volvía a delinquir. Para empezar a contrarrestar esto, había que ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, haciendo cuantiosas inversiones y agrandando el sistema formativo.
En relación a la infraestructura penitenciaria, la provincia tiene un problema estructural de sobrepoblación. Durante la gestión de Vidal la población penitenciaria creció en 16.000 personas, pero solo se construyeron 1.000 plazas. Este aumento en el número de internos no se expresó en una mejora de la seguridad ciudadana, sino que todo lo contrario, se tradujo en menor reinserción social y tuvo un efecto criminalizante. En el momento en que Axel asumió el gobierno, hubo una masiva huelga de hambre en las cárceles, porque el gobierno anterior no había abonado deudas de alimentos y medicamentos. Como podrán ver, en resumidas cuentas, podemos decir que en ese gobierno el Servicio Penitenciario Bonaerense sufrió un gran retroceso.
Frente a esto se propuso el plan de infraestructura más grande de la historia de la provincia. En los primeros dos años de gestión se construyeron el doble de plazas de las que se habían construído en los cuatro años anteriores. Para marzo de este año se encontraban finalizadas 6.240 plazas, en ejecución 5.484 y a iniciar, 312. En total, son 12.036 plazas, que suman la mitad de las 24.000 edificadas por la provincia en 203 años.
La decisión del gobierno de Javier Milei de paralizar las obras con financiamiento nacional tiene un impacto directo sobre las necesidades de normalización de la política penitenciaria provincial. Tenemos 1.000 obras paradas. En concreto, implica la paralización total de la construcción de siete nuevas alcaidías departamentales que contemplaban 2.136 nuevas plazas en Lanús, La Matanza, Quilmes, Moreno, Tigre, Tres de Febrero y Ezeiza, así como la construcción de tres unidades penitenciarias con 2.480 plazas en Mercedes, Moreno y Florencio Varela.
Cuando decimos que hay que hablar en serio de la seguridad ciudadana, nos referimos a contar con un Estado que invierte, planifica y construye unidades penitenciarias y alcaidías, terminando también con las condiciones precarias de detención en comisarías, que producen fugas y que sustraen a los policías de su verdadera tarea que es el resguardo de la seguridad a través del patrullamiento preventivo.
Desde la pandemia, y con el crecimiento de las nuevas tecnologías, aparecieron nuevos conflictos que afectan a la ciudadanía, como las ciber estafas, la violencia de género digital, el acoso sexual digital a las niñeces y juventudes y la ciberludopatía. ¿Son temas que le preocupa al Ministerio? ¿Qué políticas desarrollan?
Las nuevas tecnologías nos colocan en una etapa en la que estamos atravesando cambios muy rápidos y que modifica la manera en la que nos relacionamos, con un impacto generacional fuerte, donde nos cuesta encontrar formas de hablar entre adultos y jóvenes sobre los riesgos a los que nos exponemos. Pensemos que la gente de mi generación creció sin que existieran los teléfonos inteligentes y el acceso a internet, con todo lo que implica, y hoy en día es una parte indispensable de nuestras vidas. En estos espacios que llamamos “virtuales” empezaron a darse situaciones graves de afectación de derechos, muchas de las cuales tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, como el grooming y el reciente fenómeno de las apuestas digitales ilegales, pero también a personas mayores en el caso de las estafas o a mujeres y diversidades a través de las violencias de género y los discursos de odio. Tenemos que poder hablar de estas cuestiones, para construir herramientas de prevención y de cuidados en el uso de la tecnología. Esto pretendemos desde el programa Cuidarnos en Red, que se desarrolla desde la Subsecretaría de Política Criminal de nuestro ministerio en coordinación con otros: educación, salud, niñez y mujeres. Poner en común estas problemáticas es clave para poder aprovechar las ventajas de los avances tecnológicos, al mismo tiempo que nos cuidamos de los riesgos que implican. Como el problema es intergeneracional, parte del desafío es construir los lenguajes que nos permitan comunicarnos, a través de la capacitación, la utilización de juegos, la información y el acompañamiento a la comunidad.
Cuidarnos en Red es un programa que se coordina a su vez con los gobiernos locales, de modo de producir respuestas integrales e interagenciales frente a problemáticas por demás complejas y dinámicas, que cambian rápidamente la manera en la que se expresan, por lo que las respuestas requieren adaptaciones constantes y en tiempo real.
Durante estos meses hemos reforzado la política de Cuidarnos en Red, incorporamos la línea de trabajo sobre ciber ludopatía, estamos rediseñando el sitio web para ofrecer mayor información sobre prevención y acceso a la justicia. Estamos diseñando un juego para abordar estos temas con niños, niñas y adolescentes de distintas edades. Queremos distribuirlo en todas las escuelas de la provincia para que todos los equipos docentes cuenten con esta herramienta para trabajar la prevención en el aula.
También estamos trabajando de manera articulada con otros ministerios para unificar criterios de actuación y garantizar el acceso a la justicia frente a los casos de delitos digitales. En ese sentido, elaboramos guías y protocolos de atención para las líneas de atención telefónica gubernamentales junto con instancias de capacitación para los trabajadores y trabajadoras de estas áreas. En síntesis, vamos a trabajar para darle más llegada territorial al programa y para mejorar las respuestas estatales frente a estos delitos.
Por otro lado, queríamos pedirle su visión respecto a un tema tan sensible cómo es el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires ¿qué postura tiene el ministerio respecto a la posibilidad de la re-federalización de la persecución de estos delitos?
Este es un tema que discutimos con el gobernador Axel Kicillof y con el ministro de Seguridad Javier Alonso al momento de asumir la gestión, ya que nos preocupa especialmente. Tenemos un análisis muy crítico sobre el funcionamiento del régimen de desfederalización del narcomenudeo, a 18 años de la reforma que lo implementó. Sabemos también que en muchas provincias se comparte este diagnóstico negativo en relación al cambio normativo. En este sentido, Javier Alonso me propuso que demos la discusión pública sobre el tema, y nos pusimos de acuerdo en darla teniendo en cuenta que nuestra provincia es amplia y diversa, y que es necesario escuchar a todos y debatir con la más absoluta honestidad intelectual y funcional. Por eso organizamos una serie de jornadas de capacitación y debate, entre los dos ministerios, que se proponen abarcar distintos departamentos judiciales, juntando actores del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como del ámbito académico. Podríamos haber elegido directamente el camino de enviar una ley para su sanción, pero nos pareció mucho más provechoso dar un debate previo con todos los sectores implicados en la gestión pública de este problema.
No se trata de responsabilizar a un actor en particular, sino de reconocer que los resultados de la reforma no han sido buenos para nuestro pueblo. Vemos que las investigaciones de narcotráfico se cortan en los eslabones más débiles y reemplazables de la cadena delictiva, no llegando nunca a las grandes estructuras, a los organizadores, los financistas, con lo cual el impacto sobre el fenómeno delictivo es mínimo.
Por otro lado, la reforma ha profundizado el problema penitenciario de la provincia, principalmente en relación a la sobrepoblación. Actualmente, cerca del 13% de las personas presas lo están por hechos relacionados al narcomenudeo, son alrededor de 5.700 personas, mientras que podemos contar con los dedos de una mano a aquellos detenidos en carácter de organizadores o jefes de las bandas. Esto genera también un grave problema presupuestario, debido a que la reforma implicaba el traspaso de recursos para hacer frente a estos costos, recursos cuya transferencia nunca se hizo efectiva desde la nación a las provincias. Estos costos hemos intentado calcularlos desde los ministerios de Justicia y Seguridad, y nos da un aproximado de 5.000 millones de dólares, que son recursos de los y las bonaerenses que debieran haber sido aportados por el gobierno nacional.
Además hay otros problemas, como el fuerte sesgo de género que tiene la persecución, a partir de los roles de exposición que mujeres cis y personas trans tienen en los circuitos de comercialización, lo que se evidencia en que los porcentajes de detención de estas poblaciones en relación a delitos de drogas sean muy superior a lo que vemos en varones.
Estos son algunos de los resultados negativos de la desfederalización que vemos y, como decía, no se trata para nosotros de culpar de esto a la justicia, o a otro actor, sino de compartir la información que tenemos y generar acuerdos en relación con las soluciones posibles.
Sabemos que en muchas jurisdicciones la justicia trabaja muy bien y mucho, pero vemos como en otras la justicia federal se ha retirado de las investigaciones complejas, delegando el trabajo en los organismos judiciales provinciales, los cuales carecen de competencia y capacidades para avanzar en la cadena de responsabilidades.
Estamos enfrentando a organizaciones con mucho poder y nuestra idea no es que la Policía Bonaerense ni la justicia provincial se retiren de la contienda, sino todo lo contrario. La diferencia es qué actor va a estar encargado de llevar adelante la investigación por narcotráfico y va a ser responsable de la privación de libertad de los autores. Es crucial que el actor esté claramente definido y tenga las competencias necesarias para desarrollar estas investigaciones complejas, sin interrumpir la cadena de información, como sucede hoy. Por otro lado, muchas veces las organizaciones cometen una pluralidad de delitos, los cuales van a seguir siendo competencia de la justicia provincial. La idea es que puedan desarrollarse efectivamente equipos de investigación conjunta, coordinando la actuación del fuero federal y el provincial. La interagencialidad resulta fundamental en temas tan complejos como este, y un ejemplo concreto son las acciones coordinadas que llevan adelante muchos gobiernos locales, los cuales son un ejemplo de trabajo colaborativo que debemos tomar como pauta para estructurar el sistema general de respuesta estatal.
Todas las opciones pueden ser analizadas y es la idea de los encuentros que estamos llevando adelante, pero debemos hacerlo de manera urgente, ya que el diagnóstico compartido es muy negativo y tenemos la obligación de producir una política criminal estratégica frente a este tema.
La crisis económica que estamos viviendo actualmente tiene efectos directos sobre las condiciones de vida de amplios sectores sociales, aumentando la vulnerabilidad de la población. En este marco, puede esperarse un recrudecimiento de las violencias de todo tipo y la profundización de las conflictividades en los barrios. ¿Qué acciones tienen previsto desarrollar desde el Ministerio para reducir el impacto y gestionar, en la medida de lo posible, este tipo de problemáticas?
La crisis económica actual golpea fuertemente a los sectores mayoritarios de nuestra sociedad y esta vulnerabilidad que genera también produce una intensificación de ciertas violencias, así como la resolución violenta de conflictos sociales. A esto se suma el hecho de que en la órbita nacional estamos asistiendo a una política estatal que apunta ni más ni menos que a la destrucción del propio Estado. Esto genera una contradicción insoportable para quienes nos encargamos de la gestión pública, más aún cuando hablamos de problemáticas criminales. En relación con el narcotráfico, la trata de personas, y otras formas de delito organizado lo peor que podemos hacer es mostrar un Estado débil, más chico, incapaz de gestionar. Desde la gestión provincial lo que nos proponemos es lo contrario, construir un Estado fuerte, inteligente, que coordine las acciones entre todos los responsables de los distintos poderes y niveles de gobierno, y que haga una inversión fuerte de recursos y trabajo en pos del bienestar de la población. El gobierno nacional busca promover el individualismo, el sálvese quién pueda, mostrando un Estado débil. En este marco, menudo favor le hacen a las organizaciones criminales.
Desde la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio desarrollamos distintas iniciativas con el objetivo de intervenir para gestionar adecuadamente la conflictividad que se genera en relación a distintos fenómenos. En este sentido, creamos el Programa Nexos, que consiste en formar una red de operadores territoriales que puedan identificar e intervenir de manera temprana en ciertas conflictividades sociales que tienen lugar en sus barrios. Elaboramos materiales didácticos que sean orientaciones para la intervención sobre cada tema y para que sean distribuidos en todos los municipios de la provincia. La intervención estatal es fundamental para fortalecer los procesos de mediación para la resolución de conflictos, para robustecer los lazos comunitarios y ampliar las posibilidades de que la gente en los barrios pueda expresar los problemas que los y las afectan y tener un rol activo en su abordaje acompañando a los organismos públicos. El trabajo territorial que se hace en relación a mejorar el acceso a la justicia, así como el acompañamiento y asistencia a las víctimas de delito es imprescindible para paliar los daños que producen el delito y las violencias que, como ustedes decían, sin duda recrudecen frente al aumento de la exclusión social y la vulnerabilidad.
En relación con este tema el Ministerio está trabajando en el armado de un programa que se desarrollará en los municipios, para armar una red provincial y capacitar a referentes territoriales y operadores municipales para poder trabajar en distintas situaciones conflictivas que se presentan en los barrios, consumo problemático de sustancias, conflictos vecinales, victimización delictiva, violencias de género, entre otras. La propuesta es generar mejores articulaciones entre distintos organismos y niveles de gobierno, para producir respuestas integrales e interagenciales, que involucren a la comunidad, frente a fenómenos que resultan sumamente complejos e imposibles de abordar eficientemente de otra forma.
¿Qué opinión le merece la proliferación de discursos de odio en las redes y la violencia política que expresan, con un gobierno que hace un uso constante de estas estrategias de comunicación y fomenta el resentimiento en la población?
El primer desafío en relación a este tema es visibilizar la violencia que se ejerce en los entornos digitales a través de este tipo de discursos, concientizar, desnaturalizarlo y poner el foco ahí. Las políticas que desarrolla el Ministerio apuntan a este objetivo, a la prevención a través de las realización de charlas, capacitaciones, producción de materiales impresos y digitales.
Los discursos de odio apuntan a agredir, perseguir, estigmatizar y se aprovechan del anonimato y las posibilidades de viralización que ofrecen las redes sociales. La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ha sido un objetivo predilecto de este tipo de discursos, que generalmente son reproducidos y multiplicados por los medios de comunicación y que, como hemos visto de modo patente, generan violencias muy concretas. En el caso de Cristina se expresó en un intento de asesinato que actualmente está siendo investigado y juzgado, y en el cual puede vislumbrarse un engranaje complejo de actores que subrepticiamente hicieron distintos aportes al atentado.
Lo que quiero expresar en relación con los discursos de odio, es que no son expresiones gratuitas que deban subestimarse, sino que constituyen formas de violencia en sí mismas y engendran otras que pueden llegar a niveles de intensidad extremos.
Finalmente, agradecerle por compartir su mirada con las y los lectores de Atípica, y tener el privilegio de compartir este número con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. En tiempos donde hay un permanente elogio de la crueldad, ¿la provincia de Buenos Aires mantendrá las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia? ¿Qué desafíos enfrenta esa agenda en esta coyuntura política?
Debo afirmar que estoy convencido de que llegamos hasta donde estamos, fruto de la lucha y el trabajo de nuestras Madres, de nuestras Abuelas y de los organismos de derechos humanos que, con características muy particulares, sin revancha, sin odio, convocando desde lo más íntimo del corazón y dando una batalla inclaudicable, han sostenido y generado que argentinos y argentinas, cada uno con distintas responsabilidades y roles, podamos hacer lo que hicimos desde la recuperación democrática en estos 41 años.
En ese sentido, sin la lucha de ellos, no hubiésemos tenido ni juicio a las juntas militares en el gobierno de Raúl Alfonsín, ni tampoco aquel 2004 en la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) cuando el expresidente de la Nación Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado nacional. Ese día además no sólo se recuperó la ex ESMA como sitio de memoria, sino que se inició un histórico proceso de juzgamiento y sanción por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. Todo esto nos obliga a estar muy orgullosos de los logros obtenidos y sobre todo en el contexto actual. El afianzamiento de la política de Memoria, Verdad y Justicia, con la decisión y valentía que supuso, es un logro de todos los argentinos y las argentinas.
No obstante ello, pareciera que en el último tiempo estamos atravesando un momento en que nos están proponiendo romper un pacto social que para todos nosotros es inalterable. Por ese motivo, contra esto, se expresó el pueblo el último 24 de marzo cuando se llenaron las calles con un Nunca Más.
En este sentido, destaco la importancia de que este año se cumplieran los 20 años de la recuperación de la ex ESMA, hoy sitio de memoria y patrimonio. Habiendo sido el centro clandestino de detención más tenebroso de nuestro país, es actualmente también fruto de la labor de muchísimos funcionarios judiciales que asumieron con responsabilidad, con convicción, con un compromiso inclaudicable, investigaciones extremadamente complejas que permitieron llevar a juicio y castigo a los responsables de crímenes tan atroces.
Insisto, tenemos que estar muy orgullosos de lo que pudimos hacer con nuestra propia tragedia, de cómo pudimos procesarla colectivamente. Los ejemplos mundiales no abundaban y la mayoría era bastante negativos. Acá no hubo potencia extranjera invasora, no hubo país vencedor, los propios argentinos procesamos nuestra tragedia sin apelar a tribunales ni leyes especiales. Con las herramientas de nuestro ordenamiento jurídico logramos vencer ni más ni menos que las leyes de olvido e impunidad y, con los tribunales naturales de nuestro país, logramos poner las cosas en su justa medida y sancionar y condenar a los responsables de los crímenes de la dictadura. Todo esto es un ejemplo que debemos resaltar permanentemente.