Entrevista al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires
At/pica, R. (2021). Entrevista a Julio Alak. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Realizada durante 2020
En primer lugar, le agradecemos por darnos esta entrevista para el lanzamiento de la Revista. Nos gustaría comenzar preguntándole sobre cómo surgió la decisión de crear una Subsecretaría de Política Criminal en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y sobre cómo definiría la orientación de su trabajo.
Cuando con el Gobernador Axel Kicillof decidimos crear una Subsecretaría específica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, partimos de comprender la política criminal como una política pública, intersectorial y multiagencial. La creación de un área de política criminal en el Ministerio es una expresión clara de la decisión política de esta gestión de pensar estratégicamente las conflictividades asociadas al delito en la Provincia, así como los desafíos vinculados a su prevención y control.
Necesitamos conocer las principales manifestaciones criminales de la Provincia, así como los recursos e instrumentos que demanda la investigación de nuevas formas delictivas. Ese diagnóstico nos va a permitir distribuir estratégicamente los recursos bonaerenses abocados a la investigación penal y así generar, entre todas las instituciones de la Provincia involucradas con el tema, mejores condiciones de seguridad ciudadana. Para cumplir con la parte que nos toca en ese objetivo colectivo, dotamos a la Subsecretaría de Política Criminal con dos grandes áreas.
Una enfocada en la criminalidad compleja y otra abocada a la planificación, la estadística criminal y los instrumentos alternativos de gestión de las conflictividades. Logramos de este modo poner en funcionamiento una estructura de gestión moderna.
Hemos naturalizado respuestas como resolución de conflictos que ya han demostrado su ineficacia. Uno de los desafíos de la Subsecretaría de Política Criminal es repensar esas respuestas, especialmente sus proyecciones en materias tales como narcocriminalidad, trata y explotación, violencias de género y violencia institucional. Por otra parte, apuntamos a identificar y brindar herramientas que permitan las mejores reacciones estatales a los problemas delictivos propios de la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos prioritariamente para lograr este último cometido mejorar nuestros diagnósticos y estadísticas.
En el contexto de la pandemia se agudizaron ciertas conflictividades sociales, ¿qué perspectivas considera que se abren en particular para pensar la política criminal en la Provincia de Buenos Aires?
Como decía anteriormente, trabajamos sobre la idea que la política criminal es una política pública, que compromete a todos los poderes del Estado y que demanda abordajes integrales que abarcan desde la prevención del delito, la asistencia y el acceso a la justicia, la gestión y resolución alternativa de conflictos sociales, hasta modificaciones legislativas e incorporación de herramientas modernas para la persecución del delito.
La cuarentena establecida para contener la pandemia profundizó algunos fenómenos criminales en particular. Vimos de manera clara un incremento en la violencia de género al igual que, por ejemplo, en distintas manifestaciones criminales cometidas a través de internet. La única forma de dar respuesta adecuada a esas expresiones delictivas es comprender el dinamismo de las conflictividades sociales y la necesidad de generar política criminal a través de acciones conjuntas y coordinadas entre todas las agencias involucradas en su producción.
El desafío de la política criminal en la Provincia radica en identificar y comprender las características de las principales conflictividades sociales ligadas al delito en la Provincia de Buenos Aires, para así desentrañar los verdaderos problemas y tratar de brindar las soluciones adecuadas.
Es por eso que, para lograr los mejores resultados, desde la Subsecretaría de Política Criminal se vienen impulsando acciones multisectoriales que se articulan con los Municipios y con los Ministerios de Desarrollo de la Comunidad, de Salud, de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, de Seguridad, de Trabajo y con la Dirección General de Cultura y Educación, entre otras carteras de gobierno.
Durante la pandemia también se agudizaron varios de los problemas que presenta el sistema penitenciario de la Provincia. Luego de estos meses de gestión, ¿cuáles son el balance y las perspectivas de gestión?
En diciembre de 2019 recibimos un sistema penitenciario absolutamente deteriorado. Además de la superpoblación carcelaria más alta de la historia de la Provincia, empezamos la gestión con un serio problema de abastecimiento de comida y medicamentos en los establecimientos penitenciarios, provocado por la falta de pago de la gestión anterior a los proveedores correspondientes. Ello nos obligó a que nuestro primer cometido fuera saldar esas deudas del Gobierno saliente y regularizar las prestaciones alimentarias y de salud.
Superado ese primer escollo el trabajo en materia carcelaria se dividió en tres grandes áreas. En primer lugar, la cuestión de salud penitenciaria tuvo un lugar central dado que ya en marzo se había declarado la pandemia Covid-19 y teníamos que evitar que en las cárceles bonaerenses se produjeran contagios generalizados que pusieran en peligro todo el sistema de salud pública de la Provincia. A través de férreas normas de bioseguridad logramos evitar la propagación del virus en los establecimientos penitenciarios. El bajo nivel de contagios que registramos nos ubica actualmente entre los servicios penitenciarios del país y la región que mejor situación sanitaria lograron durante la pandemia. Ello también se logró gracias a que, con la anuencia del 100% de las personas detenidas, suspendimos las visitas durante casi 9 meses. Además, para gestionar los conflictos generados con motivo de la pandemia y todas sus consecuencias en las cárceles, pusimos en funcionamiento múltiples mesas de diálogo y distintos espacios de intercambio en los que participaron las personas detenidas así como funcionarias y funcionarios judiciales y de este Ministerio. Toda la inversión realizada en materia de salud penitenciaria, además de sobrellevar la pandemia, nos permitió avanzar, entre otras cosas, en la confección y digitalización de alrededor de 15.000 historias clínicas -cuando llegamos, vale aclarar, éstas no llegaban a 800-.
Trabajamos fuertemente, por otra parte, en la cuestión de infraestructura penitenciaria. Estamos implementando lo que sin dudas representa la inversión más importante de la Provincia en la materia. Sólo en lo que va del 2020 inauguramos 1200 nuevas plazas penitenciarias y se proyecta la construcción de 15 nuevas alcaidías y 5 nuevas unidades penales durante los próximos 2 años. En paralelo, ya inauguramos 8 hospitales penitenciarios y se inaugurarán 8 más en el transcurso de los próximos 3 meses.
Por último, nos hemos dedicado con prioridad a la cuestión tratamental, absolutamente abandonada cuando empezamos la gestión. En estos meses de trabajo, desde la Subsecretaría de Política Criminal, hemos puesto en funcionamiento el Programa “Deconstruyendo Masculinidades”, destinado a abordar los problemas de las masculinidades hegemónicas en los varones de las cárceles bonaerenses (que representan más del 95% del total). Desde la Subsecretaría de Política Penitenciaria y el Patronato de Liberados también hemos trabajado en un auspicioso programa de inclusión denominado “Más Trabajo Menos Reincidencia”, orientado a lograr la inserción laboral de las personas que recuperan su libertad a partir de brindarles formación educativa y en oficios durante la última etapa de su estadía en la cárcel. Buscamos, centralmente, evitar la reincidencia de las personas detenidas. Para eso hay que lograr que la experiencia carcelaria no degrade más a esas personas sino que les permita volver a la comunidad en mejores condiciones que en las que entraron a la prisión.
Por último, ¿cómo surge la iniciativa de crear una revista enfocada en el ámbito de la política criminal?
Cuando Lisandro Pellegrini, Subsecretario de Política Criminal, y su equipo me plantearon esta iniciativa pensé que una revista de estas características sería un buen espacio para debatir los desafíos institucionales que acabamos de conversar. No son muchos los ámbitos en los que se pueden discutir estas cuestiones y creo que es muy positivo abrir instancias para el intercambio de opiniones y la difusión del trabajo realizado en esta materia (los aspectos del trabajo que se pueden divulgar, claro está).
Para que la política criminal sea una una política democrática hay que generar los mecanismos para ampliar los debates y permitir la participación ciudadana.