Introducción
Una década es una medida de tiempo que —en general— se utiliza como referencia para pensar tanto en perspectiva como en retrospectiva procesos personales, sociales, culturales y políticos. La pregunta “¿Cómo te ves en 10 años?”, suele ser un buen termómetro tanto para proyectar, cuando hay unidad de concepción en las respuestas, como para dejar de hacerlo, cuando eso no ocurre.
En este sentido, creemos que, si nos hubiesen preguntado a algunas de las personas que estábamos ese 3 de junio del 2015 marchando por justicia tras el brutal femicidio de Chiara Páez (una joven santafesina asesinada brutalmente a golpes por su novio), cómo nos imaginábamos en 10 años, la respuesta hubiese sido —conceptualmente— “más libres, con más derechos garantizados y siendo menos asesinadas”. Valga la dudosa conjugación gramatical de esta frase en pos de lo figurativa que resulta.
Diez años después, la realidad es que no sólo nos siguen matando a diario sólo por ser mujeres, sino que también seguimos siendo —y cada vez más— las más pobres. Los derechos de las mujeres en el 2025 en nuestro país están claramente vulnerados y, los que nos quedan, se encuentran en constante amenaza. Todos los derechos conquistados actualmente están en disputa.
Así, la búsqueda de justicia con perspectiva de género, el desarrollo de políticas públicas inclusivas y la generación de conciencia en la sociedad acerca de esta realidad, es un desafío para las personas que consideramos que la mejor forma posible de vivir en comunidad es con igualdad en acceso a derechos y oportunidades.
Para contribuir a eso, desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, desarrollamos un informe que contextualiza y analiza parte de esta problemática, desde el lugar que nos toca. Porque entendemos que así se hace feminismo desde lo institucional: aportando una perspectiva que nos acerque a un acceso más igualitario a los derechos en todos los ámbitos, por más chicos que estos parezcan, desde la mesa de nuestra casa hasta el diseño de leyes y políticas públicas.
A una década del primer grito colectivo de “Ni Una Menos”
En búsqueda de una respuesta urgente, peregrinamos en nuestra lucha haciéndonos oír. Ser mujer en una sociedad atravesada por costumbres patriarcales profundamente arraigadas es, aún hoy, un acto de resistencia. Proyectamos futuro como mujeres libres e independientes, pero esa independencia nos está costando la vida.
El informe presentado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires constituye un documento de gran trascendencia. A una década del primer grito colectivo de “Ni Una Menos”, este análisis permite comprender los avances normativos, los desafíos estructurales y las deudas pendientes en materia de prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.
La incorporación del femicidio al Código Penal Argentino mediante la Ley 26.791 (2012) fue un hito en el reconocimiento de la violencia de género como una problemática estructural. Sin embargo, su inclusión como agravante del homicidio (art. 80 inc. 11) y no como tipo penal autónomo limita su potencia simbólica y jurídica. Esta decisión refleja la tensión entre el derecho penal tradicional y la necesidad de una justicia con perspectiva de género.
La ampliación del artículo 80 con figuras como el “femicidio vinculado” (inc. 12) y los crímenes de odio por identidad de género (inc. 4) representa un avance en la protección de derechos. No obstante, su aplicación judicial aún enfrenta resistencias, estereotipos arraigados y una preocupante falta de formación en género por parte de operadores del sistema judicial a pesar de la sanción en el año 2019 de la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado nacional.
El informe destaca con claridad la obligación del Estado de actuar con debida diligencia, conforme a estándares internacionales como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La responsabilidad estatal se extiende a la omisión de medidas preventivas, la falta de investigación eficaz y la revictimización institucional.
La persistencia de femicidios en contextos donde existían denuncias previas o medidas cautelares no ejecutadas evidencia una falla estructural en el sistema de protección. La lentitud judicial y la falta de perspectiva de género constituyen violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
El dato de 2.827 femicidios en 10 años (uno cada 31 horas) no es solo una cifra: es una prueba empírica de la violencia estructural que sufren las mujeres y diversidades. El 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo de la víctima y el 64% de los crímenes ocurrieron en el hogar. El espacio que debería ser refugio se convierte en escenario de violencia letal. Además, va de suyo, que limita la posibilidad de denunciar.
Estas estadísticas deben ser utilizadas como insumo para el diseño de políticas públicas con enfoque interseccional, que contemplen las múltiples formas de discriminación que atraviesan a las víctimas: género, clase, edad, orientación sexual, identidad de género, entre otras.
El informe también revela que muchos avances legislativos (Ley Micaela, Ley Brisa, Ley de Grooming, entre otras) surgieron como reacción a casos emblemáticos. Si bien estas leyes representan conquistas fundamentales, su origen reactivo evidencia la ausencia de una política preventiva integral y sostenida. Aplicar el artículo 80 inc. 11 del Código Penal significa que ya llegamos tarde. El derecho no puede ser neutral frente a la violencia de género: debe ser una herramienta de transformación social, capaz de visibilizar, sancionar y reparar.
A 10 años del primer #NiUnaMenos, el sistema jurídico argentino ha avanzado, pero aún enfrenta enormes desafíos: garantizar el acceso a la justicia, erradicar los estereotipos de género en los procesos judiciales, y asegurar una respuesta estatal integral, coordinada y con enfoque de derechos humanos.
Es urgente una intervención estatal, con compromiso real por parte de los operadores jurídicos en todos los niveles. Se requieren principios de inmediatez, sencillez, razonabilidad y proporcionalidad, con un mínimo formalismo y espacios verdaderamente amigables para las víctimas.
Necesitamos un registro adecuado y unificado de los crímenes, que permita medir con precisión los índices de violencia y diseñar políticas públicas preventivas eficaces. Los femicidios que se cometen son, en su mayoría, aquellos que no se lograron prevenir. Son el reflejo de un sistema que aún no protege lo suficiente.
La frase “Dejemos de ser números, somos consecuencia de la violencia machista”, que surge del informe, sintetiza un dolor colectivo. Las cifras aumentan, las víctimas se acumulan, pero la raíz del problema —la violencia patriarcal— persiste.
Cuando la violencia es aceptada socialmente, difundida sin crítica en los medios o minimizada por el sistema judicial, se envía un mensaje implícito: la violencia es tolerada. Ese mensaje es el combustible de la impunidad con la que actúan los femicidas.
Por eso, a 10 años del primer #NiUnaMenos, no basta con recordar ni conmemorar. Es momento de exigir, justicia con perspectiva de género, políticas públicas transformadoras y un Estado que no llegue tarde.
Del femicidio al desamparo: cuando el Estado abandona a las infancias
Cada femicidio marca una ruptura irreparable: una vida arrebatada por violencia machista, un hogar destruido, una infancia alterada para siempre. Detrás de cada mujer asesinada hay hijas e hijos que no sólo pierden a su madre, sino que en muchos casos quedan también sin padre —cuando este es el femicida— y, lo más grave, sin respuesta del Estado. Son niñas, niños y adolescentes que deben rehacer su existencia desde la orfandad, el trauma y la incertidumbre. La ausencia de políticas reparatorias sostenidas agrava ese dolor y transforma el crimen en una herida estructural.
Durante el año 2023, 263 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre, como consecuencia directa de femicidios en Argentina. A esta cifra alarmante se suman más de 100 casos en 2024 y, según datos del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro, en los primeros cinco meses de 2025 al menos 47 han quedado huérfanos por femicidios. Estos números no son meramente estadísticos: representan proyectos de vida truncos, infancias marcadas por la violencia y la desprotección.
La Ley 27.452, conocida como “Ley Brisa”, fue sancionada en 2018 para dar una respuesta reparatoria mínima. Reconoce el derecho a una prestación económica mensual y cobertura de salud para hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio, hasta alcanzar la mayoría de edad. Esta ley fue una conquista colectiva impulsada por organizaciones de derechos humanos y feministas, y significó un paso importante en el reconocimiento del daño colateral que provoca la violencia de género extrema.
Sin embargo, en el contexto actual de desfinanciamiento generalizado y desarticulación de políticas con enfoque de género, advertimos con preocupación el progresivo vaciamiento de esta herramienta. La falta de actualización de los montos frente al proceso inflacionario, la demora en los pagos y los crecientes obstáculos administrativos convierten lo que debería ser una reparación efectiva en una carrera de obstáculos para quienes más necesitan del Estado. Esta revictimización institucional evidencia no sólo un abandono operativo, sino una decisión política de desatender las consecuencias sociales de los femicidios.
Garantizar el cumplimiento de la Ley Brisa no es un gesto, es una obligación legal y ética. No puede haber neutralidad frente al dolor de quienes cargan con las secuelas más invisibles de la violencia patriarcal. Las infancias que sobreviven al femicidio de sus madres no pueden quedar solas. Reforzar esta política no sólo es un acto de justicia, sino una condición imprescindible para que el Estado recupere su lugar como garante de derechos.
El cuerpo de las mujeres, la acción patriarcal y la reacción del Estado
“El cuerpo de las mujeres es el territorio donde los varones inscriben su mandato de poder”, dice la antropóloga argentina Rita Segato, para explicar cómo la violencia contra las mujeres no debe entenderse como un acto de deseo sino como una estrategia de dominación, disciplinamiento y control, profundamente arraigada en estructuras patriarcales. El cuerpo femenino —según esta perspectiva— es un campo simbólico de disputa donde los varones demuestran poder ante otros varones, más que ante las mujeres mismas.
Tal como surge del informe, los cuerpos (asesinados) de esas mujeres, también fueron “necesarios” (¡qué triste!) para la reacción del pueblo y por esa presión, la —a su vez— reacción del sistema político para sancionar leyes que garanticen algún tipo de derechos ante estas situaciones.
Para resumirlo, podemos decir que la dinámica del proceso, en general, fue así: ante la acción del patriarcado, la reacción popular del movimiento feminista y por eso la reacción institucional. Si bien las leyes suelen surgir como respuesta a hechos que ocurren y muchas veces resulta difícil de prevenirlos, la realidad es que las mujeres venimos poniendo el cuerpo desde tiempos inmemorables como para tener que seguir demostrando que necesitamos, en este sistema patriarcal todavía imperante, más protección en algunos ámbitos. A eso, que algunos lo llaman legislación o política de acción positiva y otros de discriminación positiva, desde la perspectiva de la justicia social lo consideramos necesario para que la balanza deje de estar siempre del mismo lado y las mujeres sigamos siendo la variable de ajuste tanto en ámbitos públicos como privados.
Con esto no negamos que el género masculino también sufre las consecuencias del sistema capitalista y patriarcal imperante. Por el contrario, estamos convencidas que, tal como también dice Rita Segato: “Los hombres también tienen que retirarse del mandato de poder que los oprime”. La emancipación de las mujeres también abre la posibilidad de una liberación para los varones, siempre que estos renuncien a ese poder impuesto que los distancia del cuidado, del afecto y de vínculos más horizontales que, en definitiva, harán de la nuestra, una sociedad más vivible, también para ellos.
Para eso, en primer lugar, urgentemente y sin dudas, no es posible que los datos arrojen que siguen matando una mujer por día en nuestro país por razones de género. Lo vamos a repetir hasta el cansancio y el cansancio no va a llegar mientras siga pasando. Esa es la certeza que conquistamos hace diez años, en el primer “Ni una menos”, y que renovamos hasta que la realidad nos demuestre que ya no es necesario.
Érica Pérez. Abogada UBA. Docente S.P.B. Derechos Humanos y políticas Públicas para la diversidad. Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Columnista Jurídica del Diario Digital Femenino. Subdirectora del OBSERVATORIO DE DECISIONES JUDICIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO del ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y CLÍNICAS JURÍDICAS del C.A.L.P. COMISION DE LA MUJER AABA. COMISION FAMILIA F.A.C.A.
Mariela Breard Lic. en Trabajo Social y perito. Directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
María Paz Bertero, abogada UNLP. Secretaria de Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Especialista en cuestiones de género y abuso sexual contra las infancias. Presidenta Comisión Delitos Contra las Infancias CALP.