La profundización de las políticas de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires como antídoto al resurgimiento de discursos reivindicatorios del genocidio de la dictadura cívico militar.
A 49 años del Golpe de Estado de 1976, el contexto político invita a reflexionar sobre el legado de la dictadura, políticas de derechos humanos de la democracia, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y los desafíos actuales frente al desmantelamiento de las políticas públicas de memoria. Frente a un gobierno nacional que impulsa medidas que cuestionan el consenso del «Nunca Más» y vacían las políticas de derechos humanos, la provincia de Buenos Aires refuerza su compromiso con la memoria colectiva y la democracia.
En un nuevo aniversario del último golpe de Estado en nuestro país, consideramos necesario reflexionar sobre aquellos objetivos refundacionales que en materia económica, social, cultural y política estableció aquel gobierno genocida. La política económica impulsada durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) continuó de un modo mucho más sangriento el proceso económico iniciado con la dictadura de 1966, encabezada por el general Juan Carlos Onganía. El gobierno ilegítimo estableció dos objetivos principales: por un lado, se propuso cerrar un ciclo histórico, sustituyendo la matriz de acumulación productiva nacional y popular que fue hegemónica durante años en Argentina; por otro, disciplinar la fuerza de trabajo, doblegando la combatividad del gremialismo no burocrático. De esta manera, la mayoría de los trabajadores que participaban en las comisiones internas y en los cuerpos de delegados en las principales empresas (Renault, Ford, Propulsora Siderúrgica, SAIAR, Peugeot, Loma Negra, etc.) fueron perseguidos, despedidos, privados de su libertad, torturados o exterminados.
El modelo económico necesitaba una sociedad aterrorizada y sumisa a través de la desaparición forzada de personas, del encarcelamiento legal e ilegal, de la creación de cientos de centros clandestinos de detención, de la sustitución de la identidad de los hijos de las personas secuestradas, de la tortura y del asesinato de opositores políticos y sociales. Únicamente, de esta manera, se pudo romper definitivamente con el poder del trabajo y fortalecer así el poder del capital.
Era condición necesaria para la burguesía aumentar su tasa de ganancia y de explotación, y para ello, necesitaba una fuerza de trabajo dócil, con vista a redefinir el modelo de acumulación del capitalismo argentino, reorganizando la actividad económica y la estructura social, sobre la base de la hegemonía del sector más concentrado de la economía en alianza con las Fuerzas Armadas. Es decir, necesitaba apropiarse del aparato estatal para fundar las bases “liberales” del nuevo sistema de acumulación capitalista. Su meta era, entonces, cerrar un ciclo histórico, para iniciar uno nuevo, por eso se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”.
El Estado autoritario dejó sin canales de expresión a la sociedad argentina, codiciando una sociedad despolitizada, y un sistema decisional monopolizado y fuerte. Sin este proceso de “reorganización” identitaria, el modelo neoliberal aplicado bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem habría durado lo que Celestino Rodrigo de Ministro de Economía en 1975, 45 días.
La política económica de la dictadura, consistente en la apertura externa, la liberación del mercado de capitales y la dependencia financiera incrementada, fueron factores que potenciaron el poder de los sectores financieros, ligados a la gran expansión de la banca internacional privada y a los intereses de los centros mundiales de poder. La concentración de poder económico produjo la satelización de capitales menores y la competencia extranjera que la política arancelaria promovía llevó a la quiebra a multitud de empresarios medianos o pequeños. De esta manera, las dificultades económicas empujaron a algunos productores a las actividades comerciales o especulativas, mientras que algunos empresarios cayeron en el trabajo independiente sin personal a cargo. Hacia el año 1979 estas políticas llevan a la mayoría de las Pymes y las industrias nacionales al cierre, a su endeudamiento, o bien a dilatar procesos de quiebra que culminarían en la década de los Noventa.
A la vez, esta política se caracterizó por la paradoja de sostener un elevado nivel de pragmatismo y contradicción a partir de la superposición de medidas, como por ejemplo, las de fuerte sesgo anti industrialista, como la apertura y la reforma financiera; con políticas “selectivas” de promoción de ciertas ramas de la industria, las cuales el sector nacionalista de las Fuerzas Armadas consideraba estratégicas, como la petroquímica, el petróleo, la siderurgia y la cementera. Esta combinación de pragmatismo y contradicción en las medidas económicas estatales permitió, y a la vez consolidó, la expansión de un sector de grandes empresas que operaban en el mercado local y que obtenían amplios márgenes de ganancia que se sostenían en la configuración de contextos privilegiados de acumulación creados y sostenidos por el accionar del aparato estatal. Esta expansión se basó en la obtención, por parte de estas empresas, de las “cuasi rentas de privilegio”, las cuales se originaban a partir de un conjunto de regulaciones estatales, y que les permitieron fijar posiciones oligopólicas en sus respectivos mercados. Por tanto, la política económica llevada a cabo por la última dictadura, por un lado, permitió la reconfiguración del modelo de acumulación de capital, cambiando el eje desde el sector industrial al sector financiero, y por el otro, la consolidación de una fracción de la burguesía local e internacional.
Con el fin de la dictadura en el año 1983, se sucedieron una serie de gobiernos democráticos que permitieron algunos avances, pero también muchos retrocesos en el juzgamiento de los crímenes perpetrados por la última dictadura. Recién en el año 2003, con la asunción del ex presidente Néstor Kirchner, se pusieron en el centro de la escena política las demandas históricas de los organismos de derechos humanos, se anularon las “Leyes de impunidad”, se transformaron los ex CCD en Sitios de Memoria, se promovió y apoyó la búsqueda de niños apropiados durante la dictadura, entre otras medidas. Estas políticas públicas desarrolladas entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas, se integraron a las construcciones simbólicas y subjetivas del Estado. Uno de los rasgos característicos del período fue la apertura de espacios de participación civil para elaborar las representaciones en torno al pasado nacional, junto con el financiamiento por parte del Estado a distintas acciones de memoria emprendidas por organismos de Derechos Humanos, espacios políticos, académicos o de la sociedad civil. La estatización de la consigna de Memoria, Verdad y Justicia que la lucha incansable de las Madres comenzó en 1977, hizo que nuestro país sea un ejemplo a nivel internacional sobre cómo tramitar los efectos del terrorismo de Estado, a partir de la implementación de diversas políticas de reparación y garantía de no repetición.
A partir de la asunción del presidente Javier Milei, un sector del gobierno nacional vuelve a poner en cuestionamiento el consenso social acerca del “Nunca Más”. Esto se traduce en la diseminación de diversas estrategias discursivas que intentan reinstalar la teoría de los dos demonios, en la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, en el negacionismo promulgado por varios de sus integrantes, así como en el vaciamiento de las políticas de derechos humanos llevado adelante a nivel nacional.
Desde la provincia de Buenos Aires denunciamos al gobierno nacional por poner a la venta ex Centros Clandestinos de Detención, a través del Decreto 590 de «enajenación de bienes públicos», mediante el cual se ordenó el remate de 309 propiedades, con un detalle no menor: algunas ni siquiera pertenecían al Estado nacional. Campo de Mayo quedó protegido porque desde la Subsecretaría de Derechos Humanos inscribimos la medida cautelar en el Registro de la Propiedad Inmueble, y también acompañamos el pedido de escaneo del terreno, que ya lo realizó Gendarmería junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación confirmó que no continuará con la construcción del Espacio de Memoria en Campo de Mayo, que iba a recordar a las víctimas que pasaron por dicho Centro Clandestino. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, también informó que paralizarán las obras en La escuelita de Bahía Blanca. Día a día, los trabajadores de los Espacios de Memoria vienen denunciando que sufren el vaciamiento por parte de la administración nacional, lo cual se traduce en despidos de personal de las distintas áreas, así como la falta de reemplazo para aquellos trabajadores que se jubilan. Por este motivo, denunciamos que, durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, no se designó a nadie a cargo de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Recién en el mes de febrero de 2025 se designó una Directora para el Archivo Nacional de la Memoria y para la Dirección de Sitios de Memoria. La primera medida que tomó la flamante funcionaria fue la de suspender las actividades de Promoción de Derechos e interrumpir los convenios de cogestión, con la excusa de que están en revisión.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2019, consolidamos las políticas de Derechos Humanos a lo largo y ancho del territorio bonaerense, desde la señalización y preservación de Sitios de Memoria del terrorismo de Estado, hasta la participación en las querellas de todos los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad que se realizan en la provincia. Contribuimos con la apertura y el fortalecimiento de Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos y lanzamos el programa Recorriendo Memoria, que lleva a escuelas, sindicatos y actores de la comunidad a visitar los Espacios de Memoria. Al mismo tiempo sostuvimos, junto a los sindicatos de SUTEBA y SADOP, el programa Escuelas con Memoria que permite que los estudiantes secundarios asistan a los juicios, con el objetivo de que puedan elaborar y trabajar sobre lo acontecido en dictadura.
Mención aparte merece la creación del Archivo Provincial de la Memoria que preserva y continuamente agranda su acervo documental, el Programa Futuro Memoria para jóvenes de entre 13 y 21 años que participan de actividades pedagógicas sobre memoria y democracia, los cursos de formación de la Escuela Provincial de Derechos Humanos, así como el Programa Detectives de Memoria que realizamos en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, para homenajear y recordar a estudiantes y docentes víctimas del terrorismo de Estado. También volvimos a implementar el Plan FiNes en distintos Espacios de Memoria: en el ex CCDTyE “Destacamento de Arana”; en el ex CCDTyE «Pozo de Banfield” y en el ex CCDTyE «Brigada de Las Flores». Este plan es muy necesario para las personas de bajos recursos que se han visto imposibilitados de continuar sus estudios del nivel primario o secundario. En estos espacios ganados a la muerte, los estudiantes pueden cursar el trayecto que les falte o rendir las materias que tengan pendientes, acompañado de docentes tutores. Es un orgullo bonaerense que en los distintos Espacios para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos del territorio provincial, ya hayan concluido sus estudios más de un centenar de jóvenes y adultos.
Es por todo esto que a 49 años del último golpe de Estado y frente a un nuevo intento del gobierno nacional de avasallar estas políticas (intento que continúa y profundiza las (no) acciones desplegadas por la gestión de María Eugenia Vidal, durante la presidencia de Mauricio Macri), es que desde la provincia de Buenos Aires renovamos nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Hoy, igual que ayer y siempre, continuamos creyendo firmemente que un pueblo con memoria es democracia para siempre.