Plantamura, J. (2023). ‘¿La expansión punitiva por otros medios?’, Revista Atípica (5).
La expansión del sistema punitivo en la provincia de Buenos Aires presenta un fenómeno conocido por múltiples trabajos. Todos ellos refieren al exponencial crecimiento de la población privada de su libertad como la máxima expresión de este fenómeno, que ha sido caracterizado como “encarcelamiento masivo”. Sin embargo, otro evento menos visible y atendido se ha producido en este período: la expansión horizontal que refiere al crecimiento de agencias penales más allá de la prisión. En la provincia de Buenos Aires una de estas agencias es el Patronato de Liberados Bonaerense, un organismo destinado a la asistencia y supervisión de las personas que cumplen medidas de ejecución penal en libertad, tales como la libertad condicional y la libertad asistida por un lado, y la suspensión de juicio a prueba y la condena condicional por otro. Resulta fundamental conocer los alcances y las características de este fenómeno, así como los diálogos que guarda con el encarcelamiento masivo para poder atender los verdaderos alcances del castigo en la actualidad.
A la hora de pensar las diferentes dimensiones de las redes penales y su crecimiento en estos tiempos, resulta útil recuperar el concepto de “circuito carcelario” elaborado por Esteban Rodríguez Alzueta (2015: 40), el cual “hace referencia a un sistema punitivo que perfila trayectorias vulnerables para determinadas categorías sociales”. De esta manera, la cárcel se presenta como una suerte de “posta” más en las recorridas que se le plantean a ciertos sectores, entre las que se cuentan también las comisarías, los juzgados y los centros de detención para menores de 18 años. En este sentido, es importante ampliar el concepto de “circuitos carcelarios” para que albergue la ejecución penal en libertad y así encontrar otras continuidades y rupturas que este guarda con las demás agencias penales. El desafío consiste en identificar cómo incide la intervención del Patronato en ese circuito penal y en la propia trayectoria de las personas.
Los tiempos de expansión punitiva en la provincia de Buenos Aires
Según los registros del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena -SNEEP-, al 31 de diciembre de 2021 más de 45 mil personas se encontraban detenidas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. A este universo, se deben sumar 4400 personas detenidas en comisarías y otras 3200 que se encontraban bajo monitoreo electrónico. De esta manera, la tasa de prisionización alcanzó la cifra de 300 personas cada 100 mil habitantes, una tasa por encima del promedio nacional (221) y se ubica entre las cifras más altas de la región e inclusive del mundo. De acuerdo al trabajo realizado por el Institute for Crime and Justice Policy Research (Fair; Walmsley, 2021), en Sudamérica sólo Uruguay y Brasil registraban tasas de detención superiores a las de la provincia.
Se debe observar que el proceso de encarcelamiento no ha sido aislado en relación al resto del país. Por caso, la provincia concentraba en el año 2000 el 40% de todas las personas privadas de su libertad de la nación, y en el 2019 a pesar del extraordinario aumento local, la incidencia de la provincia sólo había aumentado al 45%.
El encarcelamiento masivo es la cara más visible del fenómeno de expansión punitiva que vive la provincia de Buenos Aires, pero no es la única. El incremento en el uso de medidas privativas de la libertad ha sido alimentado por múltiples factores, que a su vez lo han retroalimentado, volviendo muy difícil establecer qué cambio o transformación ha dado lugar a la siguiente, generando así una suerte de espiral punitivista. Por caso, puede referirse al aumento en la cantidad de procesos penales iniciados, el crecimiento de las fuerzas de seguridad, la mediatización del delito callejero y las propias perspectivas y sensibilidades sociales sobre la cuestión.
Ahora bien, resta atender lo sucedido con aquel universo de personas que transita medidas de ejecución penal en libertad. Se trata de un campo donde se encuentran todas aquellas personas cuyo proceso penal o condena se encuentra suspendidas -suspensión de juicio a prueba y condena condicional-. De la misma manera se refiere a aquellas personas que, habiendo transcurrido un período en prisión, accedieron a una semilibertad -libertad asistida o libertad condicional-. En cualquiera de los dos casos, la ejecución penal en libertad se encuentra estrechamente ligada al encarcelamiento masivo, en tanto las personas que cursan esta medida penal han transcurrido un período de detención, ya sea como medida preventiva o por condena, y su regreso a ese régimen está pendiente del “seguimiento de reglas de conducta” tal como las denomina el Código Penal.
La gran transformación del Patronato de Liberados, llegó en la década de los 90’, acorde al inicio de los cambios que el campo penal comenzaba a registrar. En aquellos años se registraron los primeros aumentos en las tasas del delito (Kessler, 2012), y se realizaron importantes reformas legislativas en materia penal. En la medida que las competencias del organismo fueron ampliadas, se registró, a partir de aquellos años, la primera oleada del encarcelamiento masivo. Entre 1996 y 2004, la población penitenciaria de la provincia aumentó en un 133%. En este escenario, también el Patronato de Liberados registró un histórico incremento en el universo que debía asistir y controlar, en los términos de la Ley de Ejecución. En 1994, el organismo realizó su intervención sobre 9.600 personas. En 2004, había aumentado en un 330%, alcanzando 38.000 personas bajo supervisión (Obep, 2007). Un 27% de las mismas correspondían a quienes habían accedido a un régimen de libertad asistida, libertad condicional o excarcelación. El restante 63% correspondía a medidas de suspensión de juicio a prueba, condenas condicionales o medidas alternativas. Es decir, la mayor parte de las personas a quienes el organismo supervisaba, no debería haberse encontrado detenida en prisión, o por lo menos no deberían haberlo estado por un tiempo extenso, en tanto accedieron a medidas alternativas al encierro.
Dimensiones de la población del Patronato de Liberados
En 2021 el Patronato de Liberados Bonaerense presentó su primer informe anual de ejecución de la pena en libertad. Un trabajo inédito en la materia, que caracterizaba el universo de personas sobre el cual el organismo tiene intervención. Al 31 de diciembre de 2020, el Patronato de Liberados Bonaerense llevaba adelante la supervisión de 34.959 personas, lo que significa una tasa de 200 cada 100 mil habitantes¹. A causa de la pandemia del Covid-19 y su impacto sobre el desarrollo de las intervenciones judiciales, se produjo en dicho año una importante reducción en la cantidad de personas procesadas y penadas que jueces y tribunales de la provincia derivaron al organismo provincial, a los fines de cumplir con el seguimiento de las reglas de conducta impuestas. Es así que mientras en 2019 habían iniciado su supervisión 32.558 personas, en 2020 lo habían hecho 18.920, es decir, un 41% menos. Más allá de la foto que se registra al 31 de diciembre de 2020, se puede observar que a lo largo de dicho año el organismo llevó adelante labores de supervisión sobre un universo total de 57.860 personas.
Entre las principales observaciones surgidas de este informe elaborado por el Patronato de Liberados, puede destacarse:
– Distribución territorial: el 37% de las supervisiones se concentran en el interior de la provincia, a pesar de que allí reside el 22% de los habitantes. El municipio con menor representación es La Matanza que -ubicado en la región AMBA- resulta ser el partido con mayor cantidad de habitantes, reúne el 15% de la población de la provincia, pero sólo el 5% de las supervisiones del organismo provincial. En contrapartida, el municipio del interior bonaerense de Bahía Blanca cuenta con el 1,77% de la población de la provincia pero el 3,66% de las supervisiones. En relación a los departamentos judiciales, la mayor incidencia proviene de los departamentos judiciales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Plata, Mercedes y Bahía Blanca que explican el 45% de las supervisiones.
– La población de mujeres con medidas de supervisión del Patronato de Liberados representan el 12% del total, contrastando con el escenario que se encuentra en el marco de las medidas privativas de la libertad -que incluyen arresto domiciliario- donde representan el 6%, y aquellas detenidas en unidades penales, donde representan el 3,4%². En cuanto a las personas trans, los incipientes registros respetuosos del género iniciados por el Patronato de Liberados Bonaerense en 2020 dan cuenta de una población que representa el 0,1% del total.
– Se observa una alta incidencia de la población más joven, en tanto las personas menores a los 30 años representan el 40% del total de la población. En el caso de los varones se destaca que estos tienen una mayor incidencia en edades aún más jóvenes, mientras que las mujeres tienen su mayor concentración entre los 30 y 40 años.
– De un análisis del total de personas que en algún momento del 2020 el Patronato de Liberados Bonaerense tuvo bajo supervisión por orden judicial, un total de 57.860 personas, se pudo observar que el 72% correspondían a personas con medidas no pospenitenciarias es decir, suspensión de juicio a prueba o condena condicional principalmente. Por otro lado, un 22% registraba medidas pospenitenciarias, como son la libertad condicional y la libertad asistida, y en menor medida las excarcelaciones. Finalmente, un 5% correspondía a arrestos domiciliarios.
– Mientras observamos que en la mayoría de las regiones se registra una tasa de arrestos domiciliarios en torno al 5% y 10%, se cuenta en la actualidad con dos casos que presentan fuertes contrastes, como son el Departamento Judicial de San Nicolás y el Departamento Judicial de General Rodríguez – Mercedes, donde un 25% y 20% de las supervisiones, respectivamente, son arrestos domiciliarios.
Otro de los puntos atendidos en el informe señalado corresponde a los tipos de delitos involucrados en la población que el Patronato de Liberados supervisa. Por empezar, debemos observar que los delitos contra la propiedad, tales como robo y hurto, representan la principal causa de supervisión con un 36% de incidencia. En segundo lugar, con un 15%, se encuentran los delitos dolosos contra las personas (lesiones, homicidio). En tercer lugar, con un 14%, se presentan los delitos contra la seguridad pública que, principalmente, refieren a dos grupos: aquellos vinculados a estupefacientes y aquellos vinculados a la portación y tenencia de armas. En cuarto lugar, con un 11% se encuentran los delitos contra la administración pública, donde encontramos, fundamentalmente, los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad. En quinto lugar, con un 9% encontramos los delitos contra la libertad, principalmente, la violación de domicilio y amenazas. Finalmente, un 4% corresponden a delitos contra la integridad sexual.
Como primera observación a esta distribución, encontramos algunas diferencias con lo apreciable en el ámbito penitenciario. En este sentido, si bien coincide la preponderancia de los delitos contra la propiedad, contra las personas y contra la seguridad pública, estos registran una incidencia menor en el ámbito de la ejecución penal en libertad. Al contrario, bajo supervisión del Patronato de Liberados encontramos que tienen una importante incidencia los delitos contra la libertad, y contra la administración pública, que resultan ser poco relevantes en las cárceles bonaerenses. Es decir, a primera vista surge que encontramos una persecución penal diferente, o la persecución de otros tipos penales. Sin embargo, se debe observar que esto se vincula fundamentalmente a la incidencia de la población no pospenitenciaria, donde los delitos de menor cuantía, que a priori no ameritan una medida privativa de la libertad, encuentran su pena.
El Patronato de Liberados y el circuito penal
El Patronato de Liberados lleva adelante la supervisión de un importante universo de personas que no necesariamente han transitado aún por las cárceles bonaerenses. Esto es así en tanto debemos recordar que para contar con una condena condicional debe tratarse de la primera condena que la persona registra, o deben haber transcurridos 8 años de dictada la sentencia en caso de un nuevo delito. Por lo tanto, la mayor parte de ese 30% de la población del Patronato, se encuentra cursando su primera pena. Algo parecido, podría surgir de las supervisiones a raíz de una suspensión de juicio a prueba, que guarda símiles restricciones para el otorgamiento de una segunda medida penal de estas características para quienes cometen un nuevo delito. Con esta lectura, estaríamos refiriendo que la ejecución penal en libertad reúne un importante grueso de población del sistema penal que encuentra en este ámbito una primera “posta”, siguiendo con la lectura de “circuitos carcelarios”. En este sentido, la trayectoria carcelaria -entendida no como el simple ingreso a una unidad, sino a alcanzar una estadía más o menos extensa-, llegaría luego de haber cumplido con la instancia previa de supervisión en libertad. De alguna manera esto expresa que la ejecución penal en libertad reúne algo así como primeras aproximaciones al sistema penal, más cuando atendemos que la población no pospenitenciaria concentra personas con una edad más bien joven, ya que el 20% de estas tiene menos de 25 años.
En cuanto a aquellas personas que han logrado acceder a una libertad condicional o libertad asistida, el Patronato de Liberados podría presentar una relevancia diferente. En este caso estamos hablando del organismo como una instancia posterior al encierro carcelario, donde las marcas del mismo se encuentran más presente y los procesos de estigmatización se ven profundizados, así como los “compromisos con el delito” que se producen, de acuerdo a los relatos reconstruidos por Barukel (2018) al analizar el egreso de las personas del sistema carcelario y su reingreso.
Ahora bien, encontramos en el análisis realizado que la persecución penal que se registra en el ámbito de la ejecución penal en libertad presenta diferencias a la que se aprecia en las cárceles bonaerenses. Es así que los principales tipos penales se mantienen, pero varían en incidencia. Es el caso de algunos delitos de “poca monta”, como pueden ser el hurto, el encubrimiento, las amenazas y las lesiones leves, que explican el 25% de las causas de ejecución penal en libertad, pero menos del 5% en contextos de encierro. Esto parece indicar que efectivamente existe una circulación poblacional en ámbitos del sistema penal que va más allá de los centros cerrados para menores de edad, las comisarías y las unidades penales. Esto vuelve a aparecer cuando se reflexiona sobre la alta incidencia de mujeres que la ejecución penal en libertad registra, donde un fenómeno diferente a todas las demás instancias penales se presenta, al observar que las mujeres tienen una presencia proporcional que es 4 veces mayor a la registrada en las cárceles.
De acuerdo a lo analizado nos corresponde también interrogarnos sobre las diferencias registradas por los departamentos judiciales de la provincia. De la lectura del informe realizado por el organismo surge con claridad que algunos departamentos judiciales tienen una mayor utilización del encarcelamiento, mientras otros en la utilización de medidas alternativas. En otras palabras, esto deja entrever que los agentes judiciales tienen un papel preponderante a la hora de movilizar los circuitos que estamos refiriendo, ya que determinan en qué casos corresponde un paso por prisión, y en cuáles una supervisión en libertad.
Rodríguez Alzueta (2015) plantea en su trabajo una discusión en torno a la forma y el rol que tomó la cárcel en tiempos del encarcelamiento masivo. Discutiendo en particular con la concepción de esta institución como un depósito, plantea un “circuito”, donde se presenta la “alta rotación de la población judicializada o en vías de serlo, por distintos espacios de encierro” (Rodríguez Alzueta, 2015: 39). En este sentido, asegura que se registra una alta circulación por contextos de encierro, ya que “de esta manera el sistema punitivo no sólo incapacita a los colectivos de personas referenciados como productores de riesgo sino que los capacita en otras destrezas necesarias para mover una economía ilegal o para sostener el propio sistema punitivo” (Rodríguez Alzueta, 2015: 49). Ahora bien, como señalamos acá, más allá de los contextos de encierro, existen otros eslabones de la cadena punitiva que resulta necesario conocer.
A partir de lo observado corresponde preguntarse si la ejecución penal en libertad debe ser entendida como parte de este circuito, algo que podemos responder de manera afirmativa en tanto se configura como una instancia pre y post carcelaria, pero que, aún así guarda particularidades. Sin embargo, con esta respuesta se presentan los interrogantes más difíciles de responder que son aquellos sobre el rol que ocupa esta instancia del sistema penal en los circuitos punitivos, y la misión que debe desempeñar. Las medidas alternativas a la prisión históricamente fueron asociadas a un modelo rehabilitador, una perspectiva que encontró su crisis en todo el mundo a partir de los cuestionamientos sobre su perspectiva correccionalista y normalizadora por un lado, así como por el avance de los discursos manoduristas por el otro. Ahora bien, en un nuevo contexto de persistente avance de la prisionización, resta realizar indagaciones que permitan pensar las posibilidades que tiene el Patronato de Liberados Bonaerenses de constituirse como una instancia que interrumpa el circuito punitivo, antes que ser un eslabón más de la cadena.
Joaquín Plantamura. Maestrando en DD.HH., UNLa. Asesor de presidencia del Patronato de Liberados Bonaerense.
Este artículo está realizado en base a la publicación “El rol del Patronato de Liberados en tiempos de expansión punitiva” (2021) en la revista Prólogos de la UNLU y se encuentra disponible en https://ri.unlu.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/rediunlu/1440/Prologos%20XIII_%20Plantamura.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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