Appella, G., Caravelos, S. & Nabaes, S., 2021. Conflictividades en entornos digitales. Revista Atípica, (2).
En este artículo haremos un breve desarrollo de una política pública interministerial bonaerense -Cuidarnos en Red- que aborda tres tipos de conflictividades en entornos digitales: el acoso sexual a niñas, niños y adolescentes (NNA) o grooming; la violencia por razones de género en entornos digitales (como una modalidad de violencia de género) y las estafas digitales. Por un lado, este tipo de conflictividades son múltiples y muy diversas, además de dinámicas, es decir que se modifican constantemente. Por otro lado, presentan la particularidad de que requieren de la intervención activa de distintas agencias del Estado para evitar que se consolide el abuso de poder y la violencia que implican.
Los tres tipos de fenómenos se han intensificado en el marco de la repentina y extendida informatización de las relaciones sociales. En el caso del grooming, a partir del acceso masivo de NNA a las tecnologías digitales de la comunicación; en el caso de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento de mujeres y personas LGTBI+, como un emergente de la digitalización de las relaciones sexo-afectivas y en el caso de las estafas como un resultado de la digitalización de las transacciones bancarias y el comercio virtual. Sin bien estos conflictos no son una consecuencia necesaria e ineludible de las transformaciones tecnológicas, las mismas generan las condiciones para que estos fenómenos se intensifiquen.
Las transformaciones tecnológicas han impactado en muchos aspectos de la vida diaria, al mismo tiempo que produjeron nuevas formas de desigualdad relativas a las brechas sociales en el acceso a la tecnología y a los conocimientos necesarios para operar de forma segura y cuidada. A su vez, han generado la oportunidad para el surgimiento de nuevos conflictos y formas delictivas, algunas de las cuales afectan especialmente a las poblaciones vulnerabilizadas.
El panorama representa un problema novedoso para la política criminal, que es la encargada de diseñar políticas públicas con capacidad para gestionar los conflictos y reducir los daños sociales implicados en la victimización. En este sentido, un primer paso es revisar la forma en la que se produce información sobre las dinámicas de cada una de estas problemáticas, para avanzar hacia la posibilidad de obtener diagnósticos útiles. La producción de datos debe orientarse no hacia el mero registro de las actuaciones de los organismos, sino hacia un análisis que permita conocer en detalle el funcionamiento de estos fenómenos y así diseñar intervenciones multiagenciales a medida.
Prácticas reales, entornos digitales
El crecimiento en pandemia –pero también durante estos últimos años de avance de las tecnologías de la comunicación– de las denuncias por los delitos de grooming, estafas digitales y violencias de género en redes sociales, nos señala que el escenario donde se producen ciertos conflictos ya no es exclusivamente un territorio geográfico determinado. Esos escenarios se desplazaron y los conflictos se mueven de un lado hacia otro en los entornos digitales.
La niñez y adolescencia en tránsito por la internet implica el acceso a contenidos educativos, culturales e interacciones entre pares que de otra forma estarían muy limitadas, pero a su vez conlleva la exposición a situaciones de riesgo que convierten a NNyA en sujetos vulnerables y en situación de desventaja. Que estén en sus hogares y «encerradas/os» en la habitación, ya no sería más ese lugar «seguro» que desde la lógica de la prevención se había pensado.
El grooming, que últimamente se ha convertido en una temática frecuente en campañas de prevención mediáticas, es el acoso sexual a niñas, niños y adolescentes producido en entornos digitales, que se encuentra tipificado como delito a través del artículo 131 del Código Penal. Este fenómeno no puede separarse de otras conflictividades y vulneraciones de derechos que atraviesan niñas, niños, y adolescentes. Cuando vemos a los conflictos desde una mirada multicausal, es decir, cuando miramos a los problemas uno al lado del otro, podemos decir que el grooming está vinculado principalmente al abuso sexual infantil, pero también a las violencias por razones de género, la trata sexual y la producción de imágenes de contenido sexual de niños, niñas y adolescentes.
Cabe señalar que durante el año 2020 se iniciaron, según el “Informe anual sobre Pornografía Infantil en Internet y Grooming” del Ministerio Público de la Provinica de Buenos Aires, 681 investigaciones penales preparatorias (IPP) por el delito de grooming (Art. 131 CP) y 2823 investigaciones por abuso sexual infantil en representaciones digitales (Art. 128 CP). De esas 2823 IPP iniciadas en el año 2020, el 75 % fueron iniciadas por los reportes NCMEC CyberTipline.
El consumo, pero también la producción, tenencia y circulación de imágenes de contenido de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes es otro tipo de conflictividad que se acrecentó en los últimos meses. En internet circulan millones de imágenes todos los días. En el 2020, a nivel mundial, se identificó la circulación de apróximandamente 66 millones de imágenes y videos de representaciones digitales con contenido de abuso sexual a menores. El dato surge de los informes realizados por la organización NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), que a través de la línea de emergencia CyberTipline recibe informes de prestadoras de servicios electrónicos con sede en Estados Unidos. En 2019 había recibido 16,9 millones de Informes de dichas empresas y en el 2020 recibieron 21,7 millones de informes (aumentó un 28%). Según esta organización, se reportaron 57.372 Informes de presunta explotación sexual infantil recibidas por la CyberTipline en 2019 en Argentina. Y durante el 2020, se acrecentó a 76.857 Informes en nuestro país.
La digitalización de las relaciones sociales abre camino también a nuevas prácticas de violencia de género, las cuales se despliegan con mayor impunidad y adoptan nuevas formas. El anonimato y la posibilidad de tener tantas identidades como se quiera, facilitan y multiplican las posibilidades de generar violencia.
El insulto, la descalificación, la intimidación, el acoso, la extorsión, las amenazas de difundir las imágenes íntimas, la recepción forzada de imágenes y videos de contenidos sexual, el escrache, el discurso de odio y sexista, los ataques coordinados de difamación y desprestigio, la censura, el hackeo de cuentas y/o acceso no autorizado a cuentas de mail o redes sociales como forma de control, el robo de información privada, las fake news y el destrato virtual, son algunas de las prácticas que podemos enmarcar en la violencia por razones de género en los entornos digitales; que profundiza la desigualdad, la precarización de la vida y la expulsión de lo público. Desde difundir imágenes íntimas sin consentimiento de mujeres y/o personas LGBT+, hasta la violencia coordinada frente a periodistas y referentes del movimiento de mujeres, desde la descalificación y el maltrato en las redes hacia mujeres y/o personas LGBT+ por aspectos físicos hasta las amenazas de muerte, son conflictos que encuentran en los entornos digitales un espacio infinito para la reproducción y profundización de las desigualdades de género.
Por otro lado, el vuelco masivo a la bancarización de todos los sectores sociales facilitó el acceso al consumo y a todo tipo de trámites administrativos y financieros. Esa bancarización masiva también abrió las puertas a nuevas modalidades de criminalidad, esta vez a través de estafas. Los llamados por teléfono donde se hacen pasar por un agente de un banco o de Anses para robar claves; las páginas falsas que simulan la web oficial de bancos para robar datos; los anuncios y mensajes de cuentas en Facebook, Instagram y Twitter a nombre de distintas entidades bancarias que resultan ser falsas. Los engaños en transacciones comerciales en las redes sociales. Estas son solo algunas de una gran variedad de estafas que se fueron acrecentando con la situación de hiperconectividad que transitamos y que han llegado para quedarse. Muchas de estas modalidades responden a viejas tretas, ahora renovadas y adaptadas como formas de criminalidad que operan en los entornos digitales.
¿Qué pasa si pasa?
¿Qué pasa si pasa? Fue la primera pregunta que circuló en la mesa interministerial al momento de planificar una política pública frente a estos temas ¿Qué hacer en la intervención pública desde el Estado?
Los conflictos y delitos en los entornos digitales constituyen una problemática que obliga al Estado provincial a generar políticas tendientes a construir vínculos cuidados en los entornos digitales. Estas políticas pueden desarrollar distintas estrategias de prevención, asistencia-acompañamiento y, eventualmente, también de persecución penal. Para desarrollar estas intervenciones el primer paso es construir un conocimiento detallado de los fenómenos en juego y las dinámicas sociales que los constituyen, es decir, diseñar las políticas con base en la evidencia empírica.
No solo las respuestas públicas deben adaptarse a las características que las situaciones presentan, sino que los efectos de esas respuestas deben ser evaluados y las mismas reorientadas en pos de mejorar su efectividad en la reducción de las conflictividades y los daños que estas ocasionan. Un enfoque tradicional pretende enfrentar todos estos hechos con una única respuesta tipo, como puede ser confiar exclusivamente en la persecución penal y sus rutinas institucionales, sin planificación, y se desentiende de evaluar los resultados efectivos que tales intervenciones arrojan. Otro enfoque ubica en las personas la responsabilidad de cuidarse y de estar alertas, recayendo así en la ciudadanía la posibilidad de prevenirse ante estas situaciones problemáticas.
Cuidarnos en red
Cuidarnos en Red es una respuesta innovadora que se orienta a enfrentar estas problemáticas desde múltiples lugares. Cuidarnos en red es una política interministerial de promoción de cuidados personales e interpersonales y de respuestas múltiples frente a situaciones problemáticas y delitos que se producen en los entornos digitales.
Participan de esta iniciativa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y su Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios y el Ministerio de Salud. Cuenta también con la participación de la Defensoría del Pueblo y con el Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Las líneas de trabajo de Cuidarnos en Red se basan en la promoción de vínculos y prácticas cuidadas en los entornos digitales. La producción y circulación de información, las acciones de concientización y prevención y la difusión de conocimientos y recomendaciones, que tienen como fin ampliar la posibilidad de una navegación segura y cuidada. La desnaturalización de prácticas que implican violencia de género en entornos digitales, la facilitación del acceso a la justicia, la asistencia, protección y acompañamiento a las personas que están atravesando estas situaciones y las propuestas de mejora de los mecanismos de persecución penal de las conductas que constituyen delitos, son todas líneas de acción del programa.
La línea en clave de política criminal se orienta, en primer lugar, a la investigación y la realización de diagnósticos que permitan conocer en profundidad a los actores involucrados y sus prácticas, para reconstruir pormenorizadamente las dinámicas delictivas. A partir de este conocimiento se hace posible diseñar planes de intervención multiagenciales y proponer estrategias de persecución inteligente que den forma a políticas públicas capaces de resolver estas problemáticas.
La eficacia de esta política requiere necesariamente de la construcción de una perspectiva común entre los distintos organismos públicos y la articulación de los dispositivos estatales en territorio, en relación con diferentes actores de la comunidad.
En pos de la conformación de esta perspectiva, entre los ministerios elaboramos tres Guías de Actuación con el objetivo de fortalecer las respuestas estatales frente a estas problemáticas y que brindan las herramientas necesarias para que las y los operadores puedan dar respuesta a la ciudadanía frente a situaciones de grooming, de violencia por razones de género en entornos digitales y estafas digitales. Tales instrumentos fueron acompañados de capacitaciones donde se abordaron los distintos aspectos implicados y las diferentes etapas y estrategias de intervención.
También se abrieron tres Mesas Interministeriales como modo de organización, en las cuales se diseñan las políticas a realizar. A su vez, se realizaron materiales de comunicación, una página web, charlas y capacitaciones destinadas a trabajadoras y trabajadores de organismos provinciales y municipales. Hasta septiembre de 2021 participaron de las capacitaciones sobre estafas digitales, grooming, y violencias por razones de género en entornos digitales, más de 1500 trabajadores/as de la mayoría de los municipios de la Provincia.
Cuidarnos en Red es una política pública del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires diseñada en relación a otras políticas estatales y como respuestas a demandas y luchas previas protagonizadas por actores de la sociedad civil. En el 2020 se aprobaron una serie de leyes a nivel provincial y nacional que crearon programas de concientización frente al grooming, los cuales vienen a dar respuesta a una de las áreas de vacancia de dicha problemática vinculada a la prevención y a la educación. En este sentido, a nivel nacional se aprobó en el 2020 la Ley Nacional N°27.590 “Mica Ortega” que dio lugar a la creación del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. En el ámbito legislativo bonaerense comenzó a funcionar también en el 2020, el Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming. Y existen en nuestro país varias organizaciones de la sociedad civil como Mamá en Línea, Grooming Argentina, y Faro Digital, entre otras, que trabajan hace años en relación al grooming.
Desafíos
Pensar los conflictos en los entornos digitales exclusivamente desde la óptica penal puede conducirnos a una intervención sesgada, reducida a las prácticas y respuestas institucionales de la justicia, que en muchos casos no brinda respuesta alguna o responde sin considerar las necesidades e intereses de las personas afectadas. Sin embargo, el hecho de identificar a determinadas conductas como delitos –hay varios supuestos vinculados a las conductas que seleccionamos que resultan ser tipos penales–, también nos permite pensar en la capacidad simbólica, semiótica del derecho. Nombrar una conducta para ubicarla en el lugar opuesto de las acciones que queremos y aceptamos para la vida en comunidad instituye límites, lo que resulta ser ordenador.
Ello no significa que depositemos todo en las respuestas que puedan ensayarse desde la agencias judiciales. Sino simplemente que la tipificación de conductas como delitos penales implica un paso previo. Significa establecer en el territorio de las relaciones sociales los límites sobre los cuales construir propositivamente esas relaciones. Esta es una forma en la que nuestras sociedades determinan cuáles son sus valores fundamentales.
En este punto, resulta fundamental apelar al lineamiento político criminal inscripto dentro del principio de respaldo, que establece que los instrumentos penales no tienen finalidades propias, sino que siempre deben dar soporte a otras políticas, respaldarlas, ayudarlas. Es en este sentido que Cuidarnos en red se propuso en primer lugar apelar a la promoción de vínculos cuidados y a la prevención, luego a la asistencia y acompañamiento y, en última instancia, recurrir a herramientas punitivas, reservadas para los casos más graves y dañinos.
Cabe destacar los múltiples desafíos que presenta una estrategia persecutoria. En primer lugar, nos encontramos con grandes dificultades para investigar los delitos que se desarrollan por medio de tecnologías digitales de la comunicación. Como hemos mencionado, el anonimato y la deslocalización de los ofensores complican la tarea de identificación, que es condición de posibilidad para la responsabilización penal. La incorporación de avances tecnológicos y técnicas de investigación adecuadas representa un desafío claro de los órganos investigativos, lo que está ligado, en parte, a la obtención de los recursos necesarios para llevar adelante estas inversiones.
El otro extremo que no debe perderse de vista es el referido a la orientación estratégica de los esfuerzos investigativos. Si las acciones se reducen a un enfoque caso por caso, sin una planificación precedente, sin la identificación de tipologías delictivas y perfiles de victimarios y víctimas, los resultados que podemos esperar serán magros e implicarán un gran gasto de recursos. La orientación adecuada consiste en desarrollar un enfoque estratégico que, partiendo de una caracterización rigurosa y dinámica de los fenómenos en juego, pueda planificar una inversión inteligente de los recursos, con el objetivo de maximizar los efectos de las intervenciones estatales sobre las dinámicas delictivas.
Producir y analizar datos que nos permitan reconstruir en detalle las conflictividades y delitos en entornos digitales es condición de posibilidad para articular políticas de prevención comunitaria, prevención situacional (por ejemplo: diseñar aplicaciones seguras pensadas para contrarrestar las conductas criminales) y persecución estratégica (por ejemplo: identificación de los núcleos problemáticos y reducción de su incidencia).
Como marcamos al comienzo, las problemáticas en entornos digitales se caracterizan por su dinamismo: las modalidades resultan cambiantes, siguen la evolución de las herramientas tecnológicas y responden adaptativamente frente las intervenciones preventivas y persecutorias. Ante este panorama, las políticas públicas deben establecer procesos de revisión constante, evaluación de sus resultados y redireccionamiento. Desde Cuidarnos en Red hemos optado por el establecimiento de mesas interministeriales de carácter permanente que monitoreen el desarrollo de las políticas implementadas y aborden los problemas que vayan surgiendo en pos de la construcción de respuestas novedosas y articuladas.
Autores.
Integrantes de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Gabriel Appella. Director de Planificación y Monitoreo.
Sofía Caravelos. Asesora.
Santiago Nabaes. Director Provincial de Delitos Complejos.
Referencias
National Center for Missing and Exploited Children (s.f). Recuperado de: missingkids.org