Carmona, T., 2021. Cupo laboral travesti-trans. Revista Atípica, (2).
Trayectorias criminalizadas e inserción laboral
Desde muy pequeña, cuando ya se vislumbraba en mí que iba a ser una mujer trans, supe que lo más difícil iba a ser insertarme en el mercado laboral. No conocía a ninguna maestra, vendedora, secretaria o doctora travesti que me representara o que fuera para mí un modelo a seguir. Lo que no sabía era que además me iba a enfrentar a las desigualdades y las interseccionalidades que atraviesan al colectivo travesti trans. Todo lo fui descubriendo y viviendo a lo largo de mi militancia. Hoy mis compañeres y yo tenemos en claro nuestra lucha. Siempre supe, de manera consciente o inconsciente, que el traVajo era la puerta para el acceso a otros derechos.
Y no me equivoqué.
Cuando comencé a militar por los derechos de la comunidad LGBT+, aprendí que el colectivo travesti trans era el más vulnerado de esa sigla, también me di cuenta de que el Estado no solo no garantizaba el acceso a los derechos de esta población y nos invisibilizaba, sino que perseguía, criminalizaba y patologizaba nuestras identidades. Entonces comprendí que había mucho por hacer.
En Argentina, la historia del colectivo travesti trans y la lucha del movimiento y los activismos travestis y trans está cruzada por la persecución estatal a través de los edictos policiales, códigos de faltas y contravencionales y, en la última década, la Ley Nacional de Estupefacientes. Estas mutaciones se expresaron con sus propias singularidades en cada una de las provincias de nuestro país y en cada ciudad. En La Plata, por ejemplo, desde comienzos de la década de 1990 hasta fines de los años 2000, la inmensa mayoría de las detenciones estuvieron motivadas en presuntas faltas y contravenciones asociadas al travestismo o a la prostitución callejera en apelaciones a figuras como «averiguación de identidad» de la ley orgánica policial de la provincia de Buenos Aires o simplemente por tareas de prevención policial y presuntos desórdenes urbanos o escándalos en la vía pública, particularmente, en la llamada «zona roja» de la ciudad.
En la ciudad de La Plata hacia fines del año 2012, una resolución judicial resolvió un amparo colectivo presentado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), declarando la inconstitucionalidad de la normativa contravencional que penalizaba el ejercicio del trabajo sexual callejero y exhortando al Ministerio de Seguridad provincial a que revisara las acciones y facultades policiales que permitían privar de la libertad a quienes lo ejercían en la capital provincial. Sin embargo, esta clase de decisiones judiciales no impidieron el cese de la persecución policial a trabajadoras sexuales en la zona roja de la ciudad de La Plata, pese a la posterior derogación del artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, en julio de 2018, a través de la Ley 15.041. En ese mismo año, avanzamos en el reconocimiento estatal de una demanda histórica: la consagración del derecho a la identidad de género a través de la sanción de la Ley 26.743 en el Congreso Nacional. Esta ley –vanguardia a nivel mundial–, fue el resultado de las luchas históricas de nuestro colectivo y de compañeras como Diana Sacayan, Marlene Wayar, Claudia Pia Baudraco, Lohana Berkins y otras tantas que han dejado la vida y un gran legado en su militancia. Cabe destacar que esta ley está fundamentada en la autodeterminación, desjudicialización y despatologización de las identidades travesti trans y no binarias, tratando de poner fin a la estigmatización en la salud, en la justicia y en la mayoría de las instituciones de nuestra sociedad.
A partir del año 2013, la Policía Bonaerense, la comisaría Nº 9 que es la que corresponde a la zona roja, la Policía Federal, más adelante se sumaría también la policía local y diferentes agencias policiales que han participado circunstancialmente, como la DDI, y los operativos conjuntos con Migraciones; comenzaron a llevar adelante una serie de procedimientos individuales y masivos dirigidos sobre todo contra las travestis y mujeres trans en la zona roja de la ciudad de La Plata como refuerzo de las estrategias de policiamiento en la provincia de Buenos Aires.
Desde entonces, este proceso que fue mutando en sus características, se introdujo en una tendencia creciente de la tasa de encarcelamiento de mujeres trans y travestis por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737, 1989) a partir de procesos penales en la ciudad de La Plata, que persiste en la actualidad bajo la figura de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización». Si bien la prostitución no está penalizada, tampoco esta legalizada; esta infracción fue –y continua siendo– la herramienta principal que el Estado utiliza para perseguirnos, hostigarnos y privarnos de la libertad.
A pesar de los avances en el reconocimiento de nuestros derechos, cuando la inmensa mayoría de las personas travestis trans empezamos a expresar nuestra identidad de genero, solemos estar atravesadas inicialmente por la expulsión del núcleo familiar, la discriminación en los ámbitos educativos, las barreras para el acceso y ejercicio de derechos básicos como a la salud, a la educación y al trabajo. Ademas –en especial para las feminidades trans–, la oferta de sexo a cambio de dinero es la principal alternativa de subsistencia económica; quedando totalmente expuestas desde muy temprana edad a las violencias como son el abuso y la corrupción policial, el armado de causas si no se paga la coima, las requisas humillantes en plena calle, problemáticas de salud como infecciones de transmisión sexual, el consumo problemático de sustancias y alcohol; el maltrato, el abuso sexual y los niveles mas altos y extremos de violencia que son los transfemicidios y travesticidios.
La presencia de esta serie de indicadores de vulnerabilidad y las trayectorias de las mujeres travestis y trans, singularizan el tránsito por los diferentes niveles del sistema penal. Me refiero a que estamos atravesadas por múltiples factores y particularidades que nos son propias y que, si bien podemos compartir características con las experiencias de otros colectivos, nuestras características y expresiones particulares requieren perspectivas específicas de análisis.
Estas trayectorias y particularidades del colectivo travesti trans son tenidas en cuenta en la recientemente sancionada Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans Diana Sacayán – Lohana Berkins (Ley 27.636). Una ley lograda luego de años de reclamos, marchas y manifestaciones; con un Estado que ya no mira para el costado, sino que presta atención a nuestros reclamos. En su cuerpo contempla, por ejemplo, que los organismos de los tres poderes del Estado prevean acciones de concientización y sensibilización con perspectiva de género y diversidad y que, para garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de la terminalidad educativa no puede constituir un obstáculo para ingresar y permanecer en un empleo. Por lo tanto, aquellas personas del colectivo travesti trans aspirantes a un empleo tendrán la posibilidad de cursar y finalizar los niveles educativos requeridos para dicho empleo.
En el año 2017, cuando una amiga fue detenida mientras ejercía la prostitución en la zona roja y luego encarcelada, víctima –como muchas otras– del armado de causas penales por tenencia de estupefacientes, con testigos y pruebas falsas; comencé a acercarme a la Unidad N° 32 de Florencio Varela donde existen dos pabellones destinados a alojar a personas de la comunidad LGBT+ y pude tomar contacto con muchas otras situaciones de compañeras travestis y trans detenidas, que presentaban numerosos conflictos con el sistema judicial. Recuerdo que, lo que más me llamó la atención fue no solo el desconocimiento del estado de su causa y de su proceso penal, sino también la falta de comunicación con sus defensores y defensoras y, por sobre todas las cosas, que la mayoría firmaba un juicio abreviado, donde se hacen cargo del delito y pueden así tener una sentencia más rápida, con una condena mucho menor de lo que podría ser si es declarada culpable. Esto esconde, por un lado, la falta de compromiso por parte de lxs defensorxs oficiales, que no recurren a pensar una estrategia de defensa que pueda probar la inocencia de las acusadas y, por otro lado, un modo de funcionamiento automatizado donde lo mejor que puede hacer una persona detenida por infringir la ley de drogas es firmar un juicio abreviado, sin considerar que luego el registro del antecedente penal le imposibilitará acceder a derechos fundamentales y básicos como, por ejemplo, un trabajo formal.
La Ley 27.636 también establece que «a fin de garantizar el acceso al empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales ni los antecedentes penales que resulten irrelevantes para cubrir determinado puesto de trabajo».
Durante las visitas al penal, las compañeras nos contaban que querían denunciar las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban, el maltrato y la tortura, la falta de atención medica, las condiciones ambientales deplorables y ni hablar de los modos en que eran trasladadas a los penales y a los comparendos.
Todos esos relatos motivaron a que junto con une compa del activismo, Amaris Lascano de RESET, y yo como militante de MTA, pensemos un taller de derechos que les sirviera como herramienta de empoderamiento, así como también la necesidad de que las organizaciones sociales estén más presentes; considerando que la mayoría de las detenidas no tienen vínculos familiares o redes de contención extra muros. Nosotras mismas somos nuestra propia familia, les activistas y las organizaciones sociales somos quienes contenemos, apoyamos y acompañamos por fuera de los muros del penal, somos quienes llevamos adelante una serie de tareas en el sistema judicial y/o en articulación con organismos de derechos humanos vinculado a la presentación de escritos por problemas de salud, la averiguación del estado de sus causas y/o la posibilidad de acceder a la libertad condicional, las salidas transitorias o la prisión domiciliaria, promovemos colectas y pedimos donaciones, etc.
Las mujeres trans y travestis, sobre todo las migrantes, no suelen recibir visitas y quienes integran su familia biológica no ocupan habitualmente este lugar, sino que más bien son otras mujeres trans y travestis, amigues, activistas o –en menor medida sus parejas–, quienes mitigan la incomunicación, el encuentro con la realidad extramuros y las privaciones materiales y afectivas.
Una de las compañeras de celda de mi amiga se sumó a las visitas y nos contó que era la primera vez que recibía una visita. Ella es ecuatoriana y fue detenida en una esquina de la zona roja. «Mi familia y mis amigas están muy lejos para venir a verme», decía mientras nos pedía disculpas por llorar delante nuestro. Las visitas solían finalizar con besos y abrazos, risas cómplices y frases afectuosas: «me quiero ir a la mierda, pero me encanta que vengan a visitarme»; «gracias por la visita, amigue, te quiero mucho»; «muy linda la visita, me siento así, como que estoy en la calle»; «gracias por venir, el encierro nos aturde».
Sabemos que hemos avanzado mucho en materia de derechos, que somos ejemplo a nivel internacional con leyes de vanguardia, pero también sabemos que falta mucho por hacer, una Justicia con perspectiva transfeminista es lo que más nos urge a cuatro meses de la desaparición de Tehuel de la Torre y a un mes del travesticidio de Soraya Tananta Paima: exigimos una Justicia que investigue a fondo y que valore nuestras vidas. Queremos un Estado que con sus tres poderes nos garantice el acceso a los derechos básicos fundamentales, que se encargue de una vez y para siempre de terminar con la criminalización y la violencia sistemática a nuestro colectivo. Estamos absolutamente convencides de que estas cosas se logran con amor, organizades, hermanades en el activismo y desde la política para dejar de ser el grupo poblacional más vulnerado de nuestra sociedad que aún hoy tiene una expectativa de vida que no supera los 40 años y poder llegar dignamente a vivir nuestra vejez en pleno ejercicio de nuestros derechos; aunque seamos pobres, marronas, con alguna discapacidad, afro indígenas, ex presidiaries y/o migrantes.
Thatiana Carmona. Activista trans por los derechos de la comunidad LGBTIQA+ y militante de MTA.