Las discusiones sobre delito juvenil suelen concentrarse en la edad de punibilidad. A partir de escenas etnográficas de un barrio popular, este texto propone ampliar la mirada hacia las experiencias cotidianas de las violencias, las respuestas estatales y los aportes de la investigación cualitativa para comprender una realidad mucho más compleja1.
1. Una semana de allanamientos
Ese miércoles de agosto de 2025 llegué a la sede del programa de inclusión juvenil donde hacía trabajo de campo y noté que Selena (28 años), operadora comunitaria y vecina del barrio, tenía un flequillo nuevo. «Me lo hice durante el allanamiento», dijo entre risas. Se refería al operativo de la semana anterior, cuando la policía había realizado quince allanamientos simultáneos y detenido a varios jóvenes.
Más tarde, Andrés, el coordinador de la sede me contó que uno de los chicos a los que yo había entrevistado hacía unos días, en mis entrevistas biográficas de línea de tiempo, había tenido un “episodio”. En el barrio, una de las dinámicas delictivas habituales durante esos días consistía en asaltar automovilistas que, descuidados y desconociendo el barrio, circulan por una de sus calles principales. Allí, un grupo de adolescentes y jóvenes varones, al advertir que el auto no es del barrio, lo intercepta y le roba las pertenencias (celular, efectivo, dinero de billeteras virtuales, lo que sea); luego, lo dejan seguir. A veces, el asalto es mostrando un arma de fuego (apta para el disparo), porque son parte de la dinámica del robo haciendo disparos al aire, una vez realizado el asalto, para apresurar la retirada del damnificado del lugar. Estas dinámicas venían caldeando los ánimos de los y las vecinos que, en algunos casos, hacían denuncias a la policía.
El “episodio” había sido unos días antes, cuando Yaco (16 años), se confundió, y con su grupo de amigos trató de robar a un vecino que venía con un auto nuevo. El robo no se concretó pero se inició una pelea en la que a Yaco le pegaron. Más tarde, la hijastra del damnificado fue a reclamar a Yaco por el intento de robo y se encontró con la madre del adolescente con la que se inició otra pelea, que se acrecentó cuando llegó a la escena el padre biológico de la chica (que recientemente había salido de prisión) y el novio. Yaco, que estaba armado, les tiró y los lastimó a los dos. La familia de los heridos hizo la denuncia. Yaco y su mamá se escondieron.
No se sabe si esta situación fue la gota que rebalsó el vaso para que se realizarán los quince allanamientos simultáneos en el barrio con un gran operativo policial, a los que se refirió Selena. Detuvieron a nueve jóvenes, dos de ellos menores, que luego quedaron en libertad. Uno de los detenidos fue Ulises (19 años), un joven al que había entrevistado las semanas previas. A Yaco, no lo encontraron. Además, detuvieron a Lalo. La policía no estaba buscando a Lalo, pero sí a su hermano, y como el hermano no estaba, se lo llevaron a él como “garantía”. Andrés, el coordinador, me explicó que si bien estas situaciones no son las más frecuentes, él ya había conocido varios casos en los que, al no encontrar a la persona buscada, la policía se llevaba detenido a algún familiar. La posibilidad de que liberen al “rehén” cuando aparece el buscado es incierta.
Tras los allanamientos, la policía dejó un móvil en la esquina en donde se agrupaban los jóvenes y, momentáneamente, dejó de haber asaltos. Pero a los días ya había otro grupo de chicos en otra intersección del barrio.
2. El delito y los programas sociales
Según me contó Andrés, en la sede del programa, los días siguientes a los allanamientos, el tema se comentó mucho. Un poco, en clave de espectáculo y chismes; otro poco, en clave de preocupación por Lalo. Lalo “no estaba metido en nada”. Entre los conocidos y amigos de Lalo había expectativa de que el programa pudiera hacer algo para que lo largaran, a que desde el programa pudieran acreditar ante las autoridades judiciales que Lalo no tenía nada que ver, que trabajaba. Mientras, algunos de los chicos que habían estado implicados en los robos y habían zafado del allanamiento contactaban al coordinador a ver si podían ir al programa. Estar en el programa les podía dar un poco de tranquilidad, y sobre todo, salir de la escena del conflicto y del radar policial. El coordinador me insistía en que el objetivo del programa no es específicamente la prevención de delito, sino la inclusión social, pero prevé que sus propuestas le disputen terreno a la dinámica delictiva y funcionen como ordenador para quienes, dadas ciertas condiciones, intentan alejarse, temporal o definitivamente de estas prácticas.
Por eso, estas instancias de alboroto barrial eran momentos en los que él podía aprovechar para retomar contacto con algunos adolescentes que habían ido al programa tiempo atrás y se habían alejado al involucrarse más en las dinámicas delictivas. Muy sutilmente, a través de interpelaciones que eludían el tono punitivo, procuraban acercarse a estos adolescentes que llegaban al programa buscando un poco de refugio. “Brechas para poder intervenir” nombraba el coordinador a estas oportunidades; y sin grandes charlas ni señalamientos, él y su equipo trataban de que estos adolescentes se sumaran a alguna de las propuestas que tenían en la sede: deportivas, musicales, de barbería. Mientras en estos casos el acercamiento de algunos adolescentes activaba un tipo de intervención cuidadosa que habitualmente era imposible si ellos no se acercaban a la sede voluntariamente –porque era infructuoso ir a buscarlos a la esquina-, otros casos se presentaban como una encrucijada. Tras los allanamientos, Yaco había contactado a Andrés preguntando si podía ir a la sede; la respuesta fue negativa; su presencia podría reavivar más intercambios violentos y atentar contra la seguridad y confianza que caracterizaba al programa. El contacto se mantenía con Yaco por redes sociales, pero no podía volver al programa por estar presuntamente buscado por la policía, pero además, porque la joven, cuyo papá y novio fueron heridos por él, también participaba del programa, por lo que se consideraba que su presencia en el espacio no iba a hacer más que aumentar el conflicto.
3. ¿Qué cambia con la nueva ley?
En septiembre de este año entró en vigencia la nueva Ley del Régimen Penal Juvenil, sancionada en marzo de 2026. La principal novedad es la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Hagamos el ejercicio de volver a la escena del barrio e imaginemos qué podría ocurrir con la aplicación de la nueva ley.
Posiblemente, los dos adolescentes menores de 16 años que fueron detenidos durante los allanamientos y luego recuperaron la libertad por su edad, serían ahora procesados, y su liberación no sería inmediata. Tal vez —solo tal vez— eso atenúe, al menos en parte, el hartazgo de algunos vecinos y la sensación de que los conflictos deben resolverse por cuenta propia. Ello, aunque sabemos que las relaciones barriales y las violencias cotidianas no responden sólo a la ausencia de intervención institucional. Sabemos también que muchos vecinos y vecinas reclaman más presencia policial y, al mismo tiempo, consideran que la policía forma parte de la propia conflictividad: de la corrupción, del hostigamiento hacia los jóvenes de los barrios populares y de la ineficacia de ciertas intervenciones que “persigue perejiles”.
Es posible que la ampliación de las facultades policiales para detener adolescentes implique una mayor presencia policial en determinados territorios y la consecuente prevención situacional del delito. Sin embargo, la escena relatada invita a preguntarse cuánto de la dinámica reconstruida logrará modificarse. Tras los allanamientos, durante algunos días dejaron de producirse robos en esa esquina, pero poco después un nuevo conjunto de jóvenes ocupó otro lugar del barrio. Desarticular un grupo no necesariamente altera las condiciones que hacen posible que aparezcan otros.
También es probable que aumente el encarcelamiento de adolescentes. Lo que resulta mucho más incierto es que ello produzca una disminución del delito. En las conversaciones sostenidas durante años con adolescentes y jóvenes de barrios populares, la posibilidad de ser detenidos, encarcelados o incluso asesinados rara vez aparece como un elemento suficientemente disuasorio. El presupuesto de que un incremento de la severidad penal desaliente automáticamente la participación juvenil en actividades delictivas encuentra aquí importantes límites. Como se dice en el barrio: «la vida de bandido te permite soñar».
Finalmente, pocos elementos del debate público sobre la realidad que traerá la nueva ley permiten avizorar problematizaciones sobre la amplia circulación de armas de fuego en los barrios populares, un factor central en la producción de violencias letales. Las discusiones sobre delito juvenil suelen concentrarse en la edad de punibilidad, mientras casi nunca se preguntan por el origen de esas armas, por las condiciones que facilitan su circulación o por quiénes deberían asumir la responsabilidad de regularlas.
4. Lo que estas escenas ponen en evidencia
En los allanamientos también detuvieron a Ulises. Semanas antes habíamos reconstruido juntos su historia de vida en una entrevista biográfica. Me había llamado la atención su capacidad para reflexionar sobre las condiciones de vida en el barrio y, especialmente, sobre la violencia. «Está normalizado», dijo para explicar que los delitos, las armas y los enfrentamientos forman parte de la cotidianeidad. Al momento de escribir esta nota, casi un año después de los allanamientos, Ulises sigue detenido. Uno de sus hermanos ya estaba preso desde antes.
Quizá esa normalización ayude a comprender por qué Selena podía hacerse un flequillo mientras el barrio estaba siendo allanado. No porque no hubiera miedo, ni porque los operativos fueran una experiencia menor, sino porque forman parte de un paisaje cotidiano con el que las personas aprenden a convivir. Se vive con la posibilidad de que un familiar esté involucrado —directa o indirectamente— en un delito; con la posibilidad de que alguien termine preso; con la posibilidad de matar o morir mucho más presente –y a edades mucho más tempranas- que en otros territorios.
También se vive con situaciones que, vistas desde afuera, resultan difíciles de comprender. Que una persona sea detenida en lugar del familiar buscado y permanezca privada de su libertad como «garantía» puede aparecer como un procedimiento extraordinario. Sin embargo, en el barrio era relatado como algo conocido. Son procedimientos ilegales que, sin embargo, pocas veces generan escándalo en la escena pública. Una madre puede verse obligada a decidir a qué hijo entregar a una policía de la que desconfía, sin saber si ese hijo volverá a su casa. Después comenzará el recorrido por juzgados y dependencias para reclamar la libertad de quien «no hizo nada», mientras intenta contener al otro hijo, sobre quien ya perdió buena parte de su capacidad de intervención. Estas experiencias hablan también de lo que distintos autores han denominado procesos de socialización legal: el contacto temprano y reiterado con la policía, la justicia y la cárcel a través de familiares, amigos o de la propia trayectoria. Para muchos varones jóvenes de barrios populares, la comisaría y la prisión forman parte del conjunto de instituciones que organizan el tránsito por la adolescencia. En estos barrios, además, la posibilidad de morir de manera violenta o de perder a alguien cercano es más alta que en otras partes de la ciudad, y en sectores medios y altos. Las desigualdades sociales también tienen su expresión en la desigual distribución de las violencias y de la inseguridad (Caravaca, Garriga, Mancini, 2023).
5. El aporte de la investigación cualitativa
Escenas como éstas muestran que registrar la cantidad de delitos, de detenciones o la evolución de determinados indicadores resulta indispensable, pero insuficiente para comprender las dinámicas que atraviesan la vida cotidiana en los barrios populares. Los datos estadísticos permiten dimensionar los fenómenos; las investigaciones cualitativas buscan comprender los procesos: las relaciones, las temporalidades, las afectividades, las formas en que las personas experimentan la inseguridad, el delito, las violencias y las intervenciones estatales en las tramas sociales que sostienen las relaciones (Llobet, Paz Landeira, Medan, Gastaminza, 2025).
A quienes estamos afuera de la escena, nos resulta increíble que los varones jóvenes del barrio posteen en las redes sociales imágenes propias con los bienes robados; no entendemos cómo están “regalados” a través de esas imágenes. Ellos contestan que “caer” en la movida, es parte del juego, y si te tiene que tocar, te toca. Otros, piensan que para algunos de sus amigos ser detenidos no es “caer”, sino “egresar”; es como un título al que se aspira. Que llegar a estar detenidos es lo que realmente te da el título de ladrón. Para otros, haber estado detenidos, fue clave para dejar de robar, porque adentro algo “me hizo tener tiempo para pensar”. Así, para ellos, el encierro puede tener sentidos y efectos muy distintos. Esta diversidad en las apreciaciones es una, entre tantas otras evidencias, de que el delito juvenil adquiere sentidos y proyecciones variables.
Desde hace años desarrollamos investigaciones cualitativas sobre las experiencias de adolescentes y jóvenes de barrios populares y sobre cómo la seguridad, las violencias y el delito forman parte de sus vidas cotidianas. Nuestro propósito no es solamente describir estas escenas, sino producir conocimiento que permita comprender la complejidad de estos procesos para enriquecer el debate público y el diseño de las políticas. Estudiar el delito juvenil supone desafíos éticos y políticos conocidos. Como advirtió Philippe Bourgois (2011), existe el riesgo de que las investigaciones contribuyan involuntariamente a reforzar estigmas sobre jóvenes y barrios populares. Sin embargo, también existe un riesgo inverso: que la ausencia de investigación deje el debate público en manos de prejuicios y simplificaciones. Asumimos esa tensión. Nuestro objetivo no es romantizar el delito ni reducirlo a las condiciones estructurales, sino comprender cómo se articulan las restricciones sociales, las decisiones individuales y las intervenciones estatales. Sólo a partir de esa complejidad es posible pensar respuestas que no sean unidimensionales.
6. Para cerrar el texto (pero no las inquietudes)
Detener a Lalo, tal vez conlleve a que su hermano, el adolescente buscado, se entregue, y, con suerte, Lalo pueda volver a su rutina habitual. En ese tiempo, otro grupo de adolescentes, un poco aburridos y otro poco en búsqueda de sueños de bandido elegirán otra esquina para instalarse mientras no haya nada más entretenido de hacer. Yaco seguirá escondido, o caerá en la próxima y Ulises seguirá detenido. Mientras tanto, la tensa calma del barrio tendrá sus altibajos, resolverán conflictos con sus propias armas cansados de las precariedades, hasta que suceda un nuevo episodio y el estado penal haga su aparición espectacular. La vida de los habitantes del barrio seguirá habituada a una combinación de violencias “rápidas” y otras “lentas” (Llobet, 2025) como esa suerte de clima subyacente a la vida cotidiana, que desgasta y que cansa, pero a lo que también las personas se acostumbran, e incluso desafían creando espacios de goce u organización, o aprovechando oportunidades de otras seguridades y afecto como el que ofrecen los programas (Medan, 2024).
Cuando se discutía el proyecto de ley, la baja de la edad mínima de responsabilidad penal y el potencial crecimiento del encarcelamiento, se debatía con qué presupuesto se iba a sostener esa ampliación del sistema penal para que no fuera un depósito de pobres y cumpliera los objetivos educativos del fuero especial de menores. Sin dudas, es un debate importante. Pero hay otro, y es el que se hace evidente en escenas como estas, comunes, habituales que suceden en los barrios. Estas dinámicas requieren una mirada que trascienda la opacidad de los datos estadísticos y las historias individuales que puedan reconstruirse en expedientes o legajos institucionales sobre la vida cotidiana de los adolescentes de los barrios populares de la provincia.
Referencias
- Bourgois, P. (2011). En busca del respeto. Vendiendo crack en Harlem. Siglo XXI Editores.
- Caravacca, E., Garriga Zucal, J., & Mancini, I. (Comps.). (2023). Últimos y abollados. Violencias y vulnerabilidades en San Martín. UNSAM Edita.
- Llobet, V. (2025). Llegar a ser de otro modo. Futuridad, violencia e infancias en los márgenes urbanos. UNSAM Edita.
- Llobet, V., Paz Landeira, F., Medan, M., & Gastaminza, F. (2025). Violencias y tramas estatales: La vida cotidiana de niños y jóvenes en barrios populares. Estudos Avançados, 39(115). https://doi.org/10.1590/S0103-4014.202539115.019
- Medan, M. (2024). Lugares y puentes. Reflexiones sobre las potencialidades y los desafíos de las políticas territoriales para adolescentes. En L. Lago, J. Sanabria, & J. Murphy (Dirs.), Juventudes, experiencias, prácticas y políticas en Patagonia (pp. 295–324). TeseoPress. https://www.teseopress.com/juventudesexperienciaspracticasypoliticasenpatagonia
- Medan, M., Fabbio, R., Ahumada, C., & Nebra, J. (2025). Delito juvenil: Entre debates legislativos y experiencias de jóvenes en Buenos Aires. Perspectivas Bonaerenses. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de la Provincia de Buenos Aires, 1(1), 225–247 https://perspectivasbonaerenses.cic.gba.gob.ar/index.php/revista/article/view/21
Notas al pie
- El argumento de esta nota y los datos en los que se basa surgen de la investigación PRI 2421 “Delito juvenil, experiencia social y estrategias alternativas o restaurativas en la justicia penal juvenil en Argentina. Un estudio sobre las vivencias, percepciones y valoraciones de jóvenes que cometen delitos, sus familias y las víctimas”, bajo mi dirección y con sede en el Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas (EH-UNSAM/CONICET) (Reconocimiento Institucional de Proyectos de Investigación de la UNSAM; resolución rectoral RR nº 516/2025). Se trata de una investigación cualitativa de enfoque socio antropológico, cuyo trabajo de campo se realiza en el conurbano bonaerense desde el año 2024. Las técnicas de construcción de datos son observación participante en programas estatales penales y de inclusión juvenil, entrevistas en profundidad y conversaciones informales a agentes estatales y entrevistas de líneas de tiempo y conversaciones informales con adolescentes y jóvenes que asisten a estos dispositivos. La omisión de datos de contexto geográfico e institucional tiene como finalidad proteger la identidad de las personas implicadas. Para más detalles sobre esta investigación ver Medan, Fabbio, Ahumada y Nebra (2025). ↩︎