Entretejer respuestas para nuestros pibes
Ningún pibe nace chorro. Lo sabemos. Lo aprendimos escuchando a quienes cuidan a las niñeces y militan por sus derechos. Lo vemos en los más de cinco millones de pibas y pibes de la provincia de Buenos Aires que crecen, estudian y sueñan sin cruzarse jamás con la justicia penal y construyen su vida lejos del delito.
Sin embargo, también sabemos que nuestros pibes entran “en conflicto con la ley”, un eufemismo detrás del cual se esconde su vulnerabilidad frente al sistema penal, mucho menos de lo que nos sugieren quienes desean borrarlos del mapa, pero más de lo que quisiéramos reconocer. Esas vidas atravesadas por el conflicto y el sistema penal permanecen en buena medida invisibilizadas, con la expulsión como única oferta disponible. Son los rotos y los quilomberos que nadie quiere ver y se hacen escuchar haciendo “bardo”. Esos “otros” peligrosos no son más que adolescentes pobres que desde muy temprana edad sienten el estigma. Esas vidas nos duelen y representan un desafío para las políticas públicas. Nos obligan a preguntarnos qué las atraviesa y qué debemos hacer desde el Estado para intervenir a tiempo. ¿Qué hace que un adolescente cometa actos de violencia? ¿Qué respuestas puede dar el Estado para evitar seguir criminalizando a los jóvenes?
¿Qué es Entramados?
Entramados es la propuesta que la provincia de Buenos Aires construyó frente a ese desafío: un programa de prevención del delito, en marcha desde agosto de 2025, para acompañar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo. Su diseño es multiagencial porque nació de la iniciativa del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Secretaría General de Gobierno y del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad —a través del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA)—. Se trata de un programa de prevención integral porque contempla abordar, desde esta multiagencialidad, las distintas dimensiones que atraviesan a los pibes y pibas en condiciones de vulnerabilidad y expuestos a ser criminalizados: factores estructurales vinculados a condiciones de vida y hábitat; dimensiones de contexto social asociadas a vulneraciones de derechos concretas y a construcciones identitarias predominantemente asociadas a la exhibición de violencias; y estructuras de oportunidad que pueden conectar estas condiciones con el mundo del delito, a veces a partir de iniciativas delictivas “amateurs” intermitentes, a veces a través de organizaciones más o menos complejas que usan a los pibes como el eslabón más débil de la cadena criminal.
La letra fundacional del programa —el Decreto N° 640/25 del Gobernador Axel Kicillof— es precisa respecto de lo que se propone: promover y fortalecer políticas integrales, multiagenciales e interjurisdiccionales de prevención del delito y de promoción de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con especial atención a quienes ya transgredieron la ley penal una o más veces. De ese objetivo general se desprenden cuatro líneas concretas: fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios para prevenir el delito en su propio territorio; promover la articulación entre las agencias municipales y provinciales para dar una respuesta multiagencial integral; fortalecer las acciones de persecución penal dirigidas a desarticular las estructuras de oportunidades delictivas organizadas por adultos que involucran a chicos y chicas, junto con la prevención situacional y el patrullaje preventivo; y crear dispositivos que garanticen el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la restitución de derechos vulnerados, atendiendo especialmente a las circunstancias que motivaron la transgresión.
Ese objetivo general se traduce, además, en un paradigma de intervención con líneas de acción propias: garantizar una presencia estatal temprana en el territorio que anticipe intervenciones con los jóvenes antes de la judicialización; lograr mayor capilaridad institucional, vinculándose con jóvenes que nunca tuvieron contacto previo con el Estado; articular con los ámbitos donde se cumplen medidas judiciales, para sostener el acompañamiento también en el egreso; fortalecer las redes locales de salud, educación y comunidad promoviendo el acceso y la restitución de derechos vulnerados; desarrollar alternativas no punitivas que permitan interrumpir trayectorias de transgresión por fuera de los circuitos penales; y optimizar la articulación con las fuerzas de seguridad y los actores del fuero penal juvenil.
En concreto, el Programa está dirigido a los 51 municipios bonaerenses con una población de entre 14 y 21 años igual o superior a 8.000 jóvenes. Para desarrollar sus acciones, los municipios deben adherirse y conveniar con la Provincia, que financia la conformación de los Equipos Territoriales durante toda la vigencia del convenio y, ya en la Fase 3, también el desarrollo de las actividades grupales (talleristas e insumos incluidos). La implementación está pensada en clave local: no prevé enlatados ni recetas unívocas para todos los distritos, sino una definición situada de qué acciones se necesitan en cada territorio para fortalecer el abordaje de su propia conflictividad. Cada municipio prioriza, por ejemplo, los barrios donde va a intervenir, las franjas etarias que considera más desatendidas o las articulaciones institucionales que evalúa como más débiles, entre otras decisiones.
De este modo, los equipos conformados por el Programa son los encargados de ejecutar las distintas fases del Programa: las primeras dos orientadas a la construcción de un diagnóstico local y al diseño de una hoja de ruta en los primeros tres meses. Las fases 3, 4 y 5 de implementación de las acciones planificadas, la sistematización de la información y la evaluación de lo hecho se desarrollan durante los meses subsiguientes.
Además del despliegue territorial de los equipos, el corazón institucional de Entramados es la Mesa Multiagencial Local (MML): un espacio coordinado por cada municipio, donde se sientan todas las áreas provinciales, municipales y comunitarias con competencia en la temática para coordinar agendas y estrategias de intervención conjunta. A partir de esa mesa se construyen, en cada distrito, las prioridades del diagnóstico y las hojas de ruta, ordenando los lineamientos territoriales y los compromisos institucionales de cada actor.
Dimensiones halladas en los diagnósticos
Antes de diseñar una sola intervención para todos los contextos, los equipos territoriales de Entramados relevaron información real de la conflictividad juvenil en territorio y de las capacidades institucionales para abordar todas las dimensiones asociadas a esa conflictividad. Entre agosto de 2025 y mayo de 2026, los equipos del programa Entramados realizaron 1.356 entrevistas individuales y grupales en territorio: hablaron con 817 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 12 y 23 años y con 824 funcionarios locales, judiciales y referentes comunitarios. A pesar de que en cada distrito se relevaron problemáticas locales, es posible agrupar estos ejes problemáticos como hallazgos principales de los diagnósticos realizados.
El primer hallazgo tiene que ver con la coordinación: la presencia del Estado en los barrios es heterogénea, con una multiplicidad de organismos, programas y niveles de gobierno que no siempre logran actuar de manera articulada. El desafío no es la ausencia del Estado, sino la necesidad de sincronizar sus tiempos y sus intervenciones para que lleguen antes de que una trayectoria de conflicto con la ley termine de consolidarse. Ese es uno de los principales problemas que Entramados pretende abordar: pasar de intervenciones aisladas y reactivas a una presencia estatal coordinada y anticipatoria.
El segundo hallazgo tiene nombre de casa: la fragilidad de los entornos familiares y de cuidado. Se trata en algunos casos de referencias ausentes, absorbidas en dinámicas de consumo problemático y precarización de la vida cotidiana. Son, en la mayoría de los casos, familias desbordadas por empleos mal pagos e inestables que no les permiten sostener una crianza acompañada. Son generalmente referencias femeninas, quienes sostienen solas la crianza, sin varones que las acompañen. Alrededor de esas madres hay, muchas veces, redes comunitarias informales —una vecina, una tía, un club de barrio— que tratan de cuidarse mutuamente.
De ahí se desprende el tercer hallazgo: trayectorias educativas interrumpidas y una adultización temprana. Chicos y chicas que dejan la escuela no por desinterés, sino porque tienen que cuidar a un hermano menor, porque necesitan generar un ingreso o porque el sistema educativo no logra alojar trayectorias de vida complejas. A veces el aula deja de ser un lugar posible antes de que aparezca el conflicto con la ley.
El cuarto hallazgo pone el foco en la calle: el territorio aparece como el espacio central de socialización, pero también de riesgo. La esquina, la plaza, el pasillo del barrio funcionan al mismo tiempo como el lugar donde un pibe construye pertenencia y como el lugar donde queda expuesto a violencias, con lógicas de regulación informal que muchas veces el Estado ni siquiera alcanza a ver. Allí se construyen también dinámicas identitarias que pueden exponer a los pibes y a la comunidad a situaciones de violencia.
El quinto hallazgo tiene que ver con el lugar que ocupan las economías ilegales en la vida cotidiana de muchos chicos: aparecen como un horizonte disponible, uno más entre varios. No se trata de una ecuación mecánica entre pobreza y delito —esa cuenta nunca cierra del todo—, sino de algo más parecido a una búsqueda de sentido: reconocimiento, pertenencia, un lugar donde ser alguien. Ahí donde no hay changa, ni club, ni trabajo formal, esa búsqueda encuentra en la economía ilegal una de las pocas respuestas disponibles. No es la causa; es una de las puertas que quedan abiertas cuando las demás están cerradas.
Y el sexto hallazgo, transversal a todos los anteriores, es el malestar subjetivo: la presencia extendida de padecimientos psíquicos y el consumo problemático como forma —muchas veces la única disponible— de regular ese malestar, en un escenario donde el crecimiento general de la demanda al sistema de salud mental está saturando el servicio.
Los ejes de trabajos: fortalecer, acompañar, sostener
A partir de estos diagnósticos, el programa despliega tres ejes de trabajo. El primero es la optimización de tres circuitos de intervención con niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAyJ): circuito de aprehensiones policiales, circuito penal juvenil y circuito de restitución de derechos. Se trata de mejorar los mecanismos de comunicación y seguimiento entre las fuerzas de seguridad, el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y las áreas de niñez, para que la información sobre un pibe aprehendido llegue a tiempo a los equipos que pueden acompañarlo; de fortalecer las articulaciones para el egreso de los dispositivos penales, de manera que ese acompañamiento no se corte justo cuando más se necesita; y de coordinar entre sí a las distintas instituciones encargadas del acceso a derechos, para que la restitución no dependa de la buena voluntad de un actor aislado sino de un circuito que funcione de punta a punta.
Ese fortalecimiento ya tiene resultados concretos: el programa lleva construidas 67 mesas multiagenciales locales, con actores de seguridad, educación, salud, desarrollo social y el Poder Judicial, entre otros, que permitieron consolidar protocolos de actuación conjunta y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones críticas. En la misma línea, se abrieron mesas de trabajo con el fuero penal juvenil de cinco departamentos judiciales —junto con los municipios de cada uno—, orientadas específicamente a homogeneizar criterios de intervención entre el sistema de protección de derechos y el sistema penal juvenil. Por otro lado, se generaron acuerdos para que los egresos de chicos y chicas de los ámbitos de cumplimiento de medidas penales del OPNyA sean comunicados a las áreas de niñez municipales. Es un mecanismo simple pero decisivo: garantiza que, cuando un pibe termina de cumplir una medida, el equipo territorial que puede acompañarlo en territorio se entere a tiempo, en vez de perderle el rastro justo en el momento más frágil de la trayectoria. Además, se optimizaron las comunicaciones de las aprehensiones policiales a los servicios locales de promoción y protección de derechos. Así, la aprehensión deja de ser un hecho que solo tramita el sistema penal, para convertirse también en una alerta temprana que activa al sistema de protección de derechos.
Todas estas articulaciones promueven el principio de la corresponsabilidad basado en la movilización conjunta de distintas competencias, saberes y recursos institucionales que deben ponerse en juego en los abordajes integrales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El horizonte de todo este esfuerzo está orientado a que el tránsito de los pibes por las distintas instituciones del Estado no empiece de cero cada vez, sino que cada actor recupere el trabajo previo. Es la única forma de evitar los dos extremos en los que suele fallar el sistema: la sobreintervención, cuando varias agencias actúan sin coordinarse entre sí, y la ausencia, cuando ninguna se hace cargo.
El segundo y tercer eje se vinculan con la intervención directa con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son la población objetivo del programa. Por un lado, los espacios grupales y talleres son espacios de encuentro donde se trabaja colectivamente sobre las distintas dimensiones que atraviesan la vida cotidiana de los grupos de chicos. Se desarrollan en torno a instancias de capacitación en oficios orientadas a la inserción laboral y a la construcción de proyectos de vida; propuestas recreativas, deportivas y culturales como ámbitos de socialización; dispositivos de revinculación escolar y fortalecimiento educativo; espacios de responsabilización para el abordaje de conflictos y violencias; estrategias de acceso a la salud y acompañamiento en los espacios terapéuticos de salud mental y consumos problemáticos; y espacios de trabajo con familias y referentes adultos para fortalecer sus capacidades de cuidado.
Desde agosto de 2025 hasta mayo de 2026 se desarrollaron más de 1.800 encuentros, con una amplia oferta temática: desde talleres de barbería, peluquería y estética personal —la actividad más convocante— hasta fútbol, boxeo y otros deportes; pasando por espacios de arte y cultura urbana como streaming, freestyle, teatro o percusión; y talleres específicos sobre derechos humanos, salud mental, géneros y corresponsabilidad familiar. La oferta varía, además, según la franja etaria: los grupos más chicos se inclinan por lo deportivo y lo lúdico, mientras que los más grandes se orientan más hacia la formación en oficios o hacia espacios pensados específicamente para quienes ya transitan el circuito penal juvenil.
Estos espacios, abiertos a toda la comunidad, convocan a pibes y pibas en términos amplios, interesados por los temas o los lazos generados con los operadores. Esta apertura rompe con la fragmentación y el señalamiento hacia quienes están en el borde; convierte a las actividades en una herramienta de prevención más general, que llega a otros chicos y chicas del barrio antes de que cualquier conflicto con la ley aparezca en el horizonte; y permite generar o sostener el vínculo siempre difícil con los pibes más rotos. De este modo, las actividades, pensadas para conectar los deseos, expectativas y necesidades de cada grupo, combinan el acceso a un espacio propio con la presencia de un referente adulto estable, dos aspectos que, según mostraron los diagnósticos, suelen faltar en sus trayectorias. Estos espacios son más que el acceso a un oficio o una actividad recreativa: se convirtieron en uno de los principales sostenes territoriales de Entramados, apoyados en la relación que los equipos y talleristas han construido con los pibes. Porque el abordaje integral que busca el programa no se agota en la oferta de actividades: se sostiene, sobre todo, en el vínculo que permite trabajar con cada pibe su relación con el delito y la transgresión, no como una consecuencia mecánica de lo que le falta, sino como una de las tantas variables que atraviesan su vida cotidiana.
Cabe destacar además que 170 de esos encuentros estuvieron dedicados específicamente a espacios de corresponsabilidad familiar y comunitaria: grupos de referentes afectivos —sin importar el vínculo de parentesco— que se reúnen para repensar juntos su rol de cuidado, entender cómo funciona el circuito penal juvenil y construir herramientas concretas de acompañamiento, siempre desde una mirada que evita juzgar o culpabilizar a las familias. Son espacios que, lamentablemente, siguen siendo casi exclusivamente femeninos: la ausencia de varones que se involucren en esas instancias reproduce la misma sobrecarga de cuidado sobre las mujeres que el propio diagnóstico había identificado.
Por último, a la par del despliegue de actividades grupales, los equipos sostienen acompañamientos individualizados y específicos con la población que constituye el núcleo duro del programa: el trabajo personalizado con cada adolescente o joven cuya trayectoria lo requiere, a partir de un abordaje integral que combina entrevistas, visitas domiciliarias y un seguimiento territorial sostenido en el tiempo. Ese seguimiento implica acompañarlos en trámites concretos que activan las articulaciones de los circuitos descritos arriba: desde gestionar una vacante escolar o un turno en la salita de salud, hasta el acceso a la documentación que falta para ejercer cualquier otro derecho.
De los más de 5.600 NNAyJ alcanzados por el programa, alrededor de 2.700 cuentan hoy con acompañamiento individualizado. Cerca del 55% de esos 2.700 —unos 1.400 chicos y chicas— llegó al sistema de protección a partir de la implementación del programa: no tenía, hasta entonces, ninguna intervención registrada, lo que confirma la capacidad de Entramados para llegar a población que no estaba siendo priorizada. Los datos indican, además, que la policía, la justicia y las áreas de seguridad son hoy las principales vías de derivación hacia los equipos locales del programa.
Un balance a mitad de camino
A un año de su puesta en marcha, Entramados está activo en 33 municipios bonaerenses e iniciando procedimientos administrativos para comenzar acciones en 5 más. Detrás de esa escala hay una realidad mucho más desigual, que el propio programa reconoce explícitamente: la heterogeneidad de capacidades institucionales, de configuraciones territoriales y de decisiones político-técnicas hace que cada municipio esté escribiendo su propia versión de Entramados, algo que el propio programa asume como parte de su diseño, y no como una falla.
Esa desigualdad convive con una infraestructura que, como se detalló más arriba, no se arma de un día para el otro: despliegue territorial de equipos, mesas multiagenciales locales, articulaciones con el fuero penal juvenil y circuitos que empiezan a funcionar donde antes estaban desarticulados.
Estos logros parciales, sin embargo, no ocultan las dificultades y desafíos que tenemos por delante. Pero tampoco desmienten la premisa de la que partió el programa. Si ningún pibe nace chorro —sino que hay un entramado de ausencias, fallas y conflictos que empujan hacia el delito—, entonces, la respuesta no puede ser otra cosa que un entramado de presencias: una mesa local, una intervención, un adulto referente, un taller, un circuito que funcione.
Entramados es, en ese sentido, la contracara de otro debate instalado con fuerza en la agenda pública: el de bajar la edad de imputabilidad. Frente a esa salida, la Provincia apuesta por un modelo que pone el énfasis en la coordinación de políticas públicas y en el principio de corresponsabilidad, según el cual el Estado, la sociedad civil y las familias comparten tareas y responsabilidades en la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se trata, en definitiva, de intervenir antes: antes de la aprehensión, antes de la causa, antes de que la trayectoria delictiva termine de consolidarse. Es, como dijo el propio Gobernador en la presentación del Programa, un trabajo que «no se resuelve con un artículo en una ley, sino con un trabajo diario, cotidiano y permanente».