Índice de Vulnerabilidad Barrial (IVB)

Pezzuchi, G., Boggione, S., Herrera, V., Martinez, R., Mora, B., Pino, S., Alonso, M., Ugolini, A. and Montiel, M., 2022. Índice de Vulnerabilidad Barrial (IVB). Revista Atípica, (3).


Nuevas herramientas para el análisis criminal en la Provincia de Buenos Aires

El Índice de Vulnerabilidad Barrial (IVB) nace como una iniciativa de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad junto con la Superintendencia de Análisis Criminal de la Policía de la Provincia. El IVB es una herramienta metodológica diseñada para conocer y analizar los barrios más críticos del territorio bonaerense, que se nutre de múltiples fuentes del conocimiento del delito, las conflictividades y violencias, posibilitando así un abordaje multiagencial e inteligente.

La llegada de un nuevo gobierno a la Provincia de Buenos Aires trajo consigo una serie de modificaciones en la manera de pensar y hacer la seguridad, plasmadas en un proceso de reforma integral del sistema de seguridad provincial. 

Uno de los cambios más relevantes que tuvo lugar fue la sanción de la Resolución 341/20, que descansa sobre dos grandes pilares: la modificación de la estructura policial y la creación de un esquema de trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los gobiernos locales, que da lugar a una política de seguridad provincial contextualizada en lo local. 

Al analizar los principales lineamientos de la Resolución 341/20, podemos observar que se parte de una visión novedosa de la cuestión securitaria, que exige una solución de política pública también novedosa: los problemas asociados al delito y las violencias exceden la dimensión policial y su abordaje requiere una política de seguridad integral e integrada.

Esto implica desarrollar una propuesta de prevención del delito y las violencias con una técnica innovadora para el Ministerio de Seguridad, que permite focalizar y coordinar las respuestas del Estado, articuladas con la acción comunitaria en los diversos contextos territoriales. 

Un cambio de paradigma en seguridad

Tradicionalmente, se ha analizado y abordado a los problemas del delito y las violencias desde un encuadre penal, con fuerte presencia del elemento policial.  

En este sentido, la prevención del delito y las violencias requiere de la intervención de diversos actores además de la actuación de la justicia, la policía o el sistema penitenciario.  También se precisan nuevos enfoques y perspectivas respecto del análisis criminológico que se centra en la investigación o el que orienta las tareas policiales a partir del análisis geográfico del delito.  

Por otro lado, en los últimos años nos hemos acostumbrado a pensar -y consecuentemente medir- los delitos como si todos fueran iguales: muchas veces sumamos los prevenibles1 como si fueran un único tipo de hecho. Es más, esa variable de análisis se presenta masculinizada, soslayando la importancia de un enfoque interseccional en las políticas públicas de seguridad. 

De esta manera, se suele afirmar que la situación de seguridad mejora o empeora en la medida que suben o bajan los denominados delitos prevenibles, sin poner la mirada en otros delitos y otorgando el mismo valor, por ejemplo, a un hurto simple que a un robo agravado por el uso de arma de fuego. Esto provoca fuertes distorsiones y sesgos en los diagnósticos que usamos para planificar o evaluar las distintas políticas de seguridad.

Las consecuencias de una apreciación parcial de la situación de seguridad se ven reflejadas en la centralidad de las políticas públicas de tipo situacional orientadas a reducir las oportunidades para delinquir (aumento de la presencia policial, instalación de sistemas de video vigilancia, creación de patrullas urbanas municipales, etc.). Si bien estas políticas de prevención situacional del delito han mostrado algunos resultados interesantes, parecería que no son suficientes para brindar más tranquilidad a la población, toda vez que el temor parece explicarse en mayor medida por la violencia asociada al delito que por el delito propiamente dicho. 

Otra consecuencia es que se desatienden aquellos barrios -principalmente los barrios populares- en los que ocurren otro tipo de problemas vinculados al delito y la violencia, y donde además las tasas de denuncia son menores, profundizando el desconocimiento del Estado sobre lo que pasa en estos lugares, sus condiciones socio-económicas, la manera en que viven sus vecinos y vecinas, y cómo este escenario complejo termina influyendo en la tranquilidad pública, la convivencia y la cohesión comunitaria. 

Por eso, es necesario construir un índice que los integre y pondere, y que nos permita diferenciar entre los delitos más graves y los menos graves, entre los delitos que causan mayor daño a una comunidad y los que causan menos daño.

¿Cuáles son y cómo conocemos los lugares más críticos de la Provincia?; ¿Cómo conocemos los problemas asociados al delito y la violencia que tienen lugar allí y las características que asumen?; ¿Cómo debería ser el abordaje para los delitos y violencias que la policía y las agencias del sistema penal no suelen prevenir? 

A los fines de responder a estos interrogantes la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Análisis Criminal de la Policía de la Provincia, se propusieron diseñar una herramienta metodológica que permitiera conocer los lugares que presentan un mayor nivel de vulnerabilidad barrial en toda la Provincia, que son aquellos que concentran con mayor fuerza los problemas asociados al delito y la violencia; conocer sus problemáticas específicas y colaborar en el diseño de un abordaje multiagencial e inteligente.  Esta herramienta es el “Índice de Vulnerabilidad Barrial (IVB)”. 

El Índice de Vulnerabilidad Barrial (IVB)

El IVB es una herramienta metodológica diseñada para identificar los barrios cuyas comunidades requieren atención prioritaria de parte de los municipios y el gobierno provincial. Es un dispositivo de medición utilizado para analizar y abordar al problema del delito, las conflictividades y violencias en tanto problema empírico.  

El IVB se utiliza como una técnica de “escaneo” en el análisis estratégico, en la medida que logra establecer cuáles son las áreas más vulnerables de un barrio determinado, aquellas con mayores tensiones, las que precisan una respuesta integral e integrada de parte de los gobiernos, que no provenga solo desde la seguridad. Por eso, el IVB propone la construcción de diagnósticos ampliados que excedan lo penal de manera de posibilitar un abordaje que no se limite a las fuerzas de seguridad.

El IVB se comienza a diseñar como tal a la luz de antecedentes como el Crime Harm Index de Cambridge (Sherman, Neyroud & Neyroud, 2016), el trabajo académico de conocidos autores como S. Chainey o J. Young y algunas teorías sociológicas como la Teoría de la Desorganización Social, pero sobre todo a partir del Vulnerable Localities Index (VLI) (Chainey, 2008). El VLI nace a principios del 2000 en el Reino Unido en un contexto de revueltas sociales y fue diseñado para identificar aquellos barrios que requerían atención prioritaria de parte del gobierno británico. El VLI empleaba datos sobre delitos, privación social y socio-demográfica para construir un índice compuesto que analizara áreas geográficas pequeñas que, al ser mapeadas, den cuenta de los barrios o vecindarios prioritarios. 

El IBV del Ministerio de Seguridad específicamente se plantea, en primer lugar, analizar el problema del delito y la violencia en tanto fenómeno complejo. Para ello, emplea datos sobre delitos y eventos presuntamente delictivos, y datos socio-demográficos para identificar barrios y vecindades que requieren mayor presencia de los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

En segundo lugar, propone diseñar, desarrollar y evaluar políticas públicas de seguridad a partir de diagnósticos certeros y de amplio espectro. El IBV contempla y pondera los datos brindados por las distintas fuentes de conocimiento del delito y la violencia. Así, evita sumar delitos y conflictividades de todo tipo en un solo total, logrando evaluaciones de riesgo, asignaciones de recursos y rendiciones de cuentas más efectivas.

En tercer lugar, medir y ponderar la vulnerabilidad de barrios y vecindades de una manera simple, transparente, democrática y de bajo costo.  El IBV permite analizar y comparar la vulnerabilidad de distintas unidades geográficas (barrio, localidad, radio censal, etc.) a través del tiempo, de los lugares y las personas, a partir de la acción coordinada y participativa entre gobiernos y agencias de los gobiernos, policías y líderes comunitarios.

Finalmente, en cuarto lugar, propone apoyar la focalización de los recursos provinciales, de los gobiernos locales y Organizaciones de la Sociedad Civil responsables de mejorar la seguridad y la tranquilidad pública. El IVB colabora en la reevaluación de los enfoques tradicionales de seguridad, virando hacia una mirada ampliada. Así, no se trata sólo de reducir el daño del delito y la circulación de la violencia, sino también de contrarrestar los factores de riesgo detectados. 

Metodología del IVB

El IVB del Ministerio de Seguridad es un índice sumatorio ponderado que combina varios indicadores, otorgándole a cada uno de ellos un peso diferente según la relevancia que se les otorga. En efecto, en la medida que los analistas del Ministerio de Seguridad consideran que los indicadores seleccionados no son todos equivalentes, sino que alguno de ellos contribuye en mayor medida al proceso de medición, se realiza una operación aritmética que hace posible transformar en operativa dicha decisión. 

Para ello, se eligen un conjunto de variables representativas que se miden a nivel de radio censal y luego se las estandariza en relación con el área de interés, que puede ser cualquier distrito de la provincia. Una vez dado ese paso, se realiza un agrupamiento de las variables en distintas dimensiones, se las normaliza, estableciendo para el caso del IVB tres dimensiones centrales: delictiva, poblacional y de masculinidad.  

 La dimensión delictiva incluye lesiones por arma Blanca (LAB), lesiones por arma de Fuego (LAF), robo residencial (RR), daño residencial (DR), vandalismo a escuelas / centros de salud (VES), balaceras (BAL) y homicidios dolosos (HOM). La dimensión poblacional hace referencia a la población joven en riesgo, mientras que la dimensión masculinidad da cuenta del porcentaje de varones con respecto a las mujeres en un territorio determinado.   

Las dimensiones se conflacionan ponderando las diferentes fuentes disponibles (SID, CePAID y 911) tomando las tasas estandarizadas a nivel partido de cada fuente. 

El valor de la dimensión delictiva se calcula como: 

Se lleva el valor final al rango [0,1]:  

La dimensión Poblacional (P) emplea el resultado de la variable TN_Prop_10_25 (proporción de población estandarizada con edades entre 10 y 25 años) que luego se re-escala al rango [0,1] tal como en el caso anterior. 

Finalmente, la dimensión Masculinidad (M) emplea el resultado de la variable TN_IM con la tasa estandarizada del índice de masculinidad reescalada al rango [0,1]. 

Con lo anterior, el cálculo final del IBV-PBA se obtiene de hacer:

Primeros resultados:

El primer cálculo del IVB arrojó información valiosa. En primer lugar mostró que si bien la mayoría de los barrios que aparecen están caracterizados por privaciones socioeconómicas y habitacionales, no necesariamente el índice se correspondía con estas privaciones. En otras palabras, si hiciésemos un índice simple socio-económico los resultados serían distintos. 

En segundo lugar, el cálculo logró reflejar una suerte de “espejo” o contracara en relación a los mapas de intensidad delictiva de los denominados delitos prevenibles, como se puede apreciar en las siguientes imágenes

Conclusiones

El IVB es una herramienta que nos ayuda a pensar los problemas asociados al delito, las conflictividades y violencias en tanto fenómenos complejos, que deben ser abordados desde una óptica integrada e integral, con un enfoque interseccional. 

El IVB pone en evidencia los lugares más críticos de la Provincia contemplando una serie de dimensiones que exceden al mapa del delito policial o judicial, logrando dar cuenta de la circulación de la violencia. Así, el IVB se presenta con una herramienta eficaz para la formulación de una política focalizada, condición de posibilidad para un abordaje que integre las diversas estrategias de prevención de las violencias de los distintos niveles de gobierno.

Cabe resaltar el rol protagónico que una estrategia de este tipo reserva para los gobiernos locales: el involucramiento activo de ellos es la condición de posibilidad de una estrategia que considere las singularidades locales, sea sustentable en el tiempo, promueva la participación comunitaria e integre el accionar de las distintas agencias del Estado bajo una perspectiva común.  

En otras palabras, el impacto del IVB en tanto instrumento para el gobierno de la seguridad dependerá mayormente en que los diagnósticos trazados logren ser abordados por todas las agencias de los gobiernos -nacional, provincial y locales- de manera articulada, conjunta y sostenida en el tiempo. 


Por Este artículo, que recupera el trabajo articulado entre la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional y la Superintendencia de Análisis Criminal de la Policía de la Provincia, fue elaborado por Gastón Pezzuchi, Santiago Boggione, Vanesa Herrera, Rodrigo Martinez, Belén Mora, Soledad Pino, María Ernestina Alonso, Agustina Ugolini y Martín Montiel.


1 La categoría de delitos prevenibles hace referencia a un  conjunto de delitos denunciados en comisarías o registrados en procedimientos policiales, que agrupados dan cuenta de la sumatoria de los siguientes rubros: homicidios dolosos, robos con arma, robo simple o agravado, hurto, hurto y robo automotor, violaciones, cuatrerismo y piratas del asfalto.


Referencias

Chainey, S. (2008). “Identifying Priority Neighbourhoods Using the Vulnerable Localities Index”. En Policing: A Journal of Policy and Practice, 2(2), pp. 196–209.

 Sherman, L., Neyroud, P. & Neyroud, E. (2016). “The Cambridge Crime Harm Index: Measuring Total Harm from Crime Based on Sentencing Guidelines”. En Policing, 10 (3), pp. 171–183.