Entrevista a Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
Por Gabriel Appella. Revista Atípica
Estela Díaz, actual ministra de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires, inició su experiencia de militancia sindical y feminista a finales de los años 80, siendo parte de la conducción nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Entre los años 2007 y 2009, participó en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, “poniendo la primera línea telefónica de 24 horas que asistió a mujeres víctimas de violencia. Todavía no existía la 144, fue el antecedente de la actual línea de atención”. Desde ese momento, relata Estela Díaz en la entrevista realizada por ATÍPICA, “iniciamos las políticas que son base de lo que definimos como el sistema que organiza la intervención en violencia de género: la mesa intersectorial provincial, las mesas locales, el fondo de emergencia, el protocolo para los refugios, el protocolo de acompañantes”.
Revista Atípica (RA): ¿Por qué un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual?
La primera cuestión está relacionada al cumplimiento del marco normativo vigente en la Argentina. Tenemos convenciones, tratados de derechos humanos y un marco legal que plantea compromisos en torno a la no violencia, la no discriminación y a la construcción de igualdad de género. Puedo mencionar: Convención de Belém Do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los tratados de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales, culturales. Todos planteaban y solicitaban, en los informes que se realizaban sobre el país, que Argentina jerarquice las áreas de género y los mecanismos institucionales que llevaban adelante las políticas de género. Argentina tenía organismos, desde que empezó la democracia, con idas y vueltas, pero nunca con rango de ministerio.
Por otro lado, lo que hay de base política más fuerte, es la lucha del movimiento feminista, la masividad que esa lucha cobra en los últimos años desde el Ni una menos, los paros internacionales de mujeres, la marea verde. Y cuando viene el cambio de gobierno, después de la resistencia a esa última fase neoliberal del macrismo en la provincia y en nación, el Frente de Todos recupera y construye en los planos de la institucionalidad estatal para que esa lucha por derechos se transforme en política en gestión y en derechos conquistados. Estas luchas llevaron al primer ministerio en la nación y en la provincia de Buenos Aires. Esa mirada de decir: “acá hay una desigualdad histórica que sufre la mayoría de la población, la mitad por lo menos, las mujeres, los colectivos de la diversidad sexual”. Pero además, por el impacto que las mujeres tenemos en la sociedad porque somos las que cuidamos a los otros géneros, a las niñeces, a las personas dependientes. Entonces hay que construir una política de primer orden en el principal rango de la gestión. Este reconocimiento lo logra la lucha en la calle, entonces un gobierno popular peronista dice “llevémoslo a los planos del Estado”. Lo hizo el primer peronismo con los derechos laborales, de la infancia, el voto de las mujeres. Lo hicieron Néstor y Cristina con los derechos humanos: con las políticas memoria, verdad y justicia, la asignación por hijo, moratoria previsional, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, ley de trabajadora de casa particular, entre otras. Llega el Frente de Todos en 2019 y el gran movimiento protagonista del proceso de resistencia de esta etapa es el movimiento feminista, que tiene una larga historia pero que la masividad de ese tiempo también le da efectividad política para estar en los principales planos de gestión. Por lo tanto se inscribe, para mí, en nuestra tradición peronista de un Estado que amplía y transforma luchas en derechos conquistados.
RA: ¿Y cuando se pone en discusión que no es necesario un Ministerio de Mujeres? ¿Qué involucra esa discusión?
Desde que se creó el ministerio están amenazando con cerrarlo. Ahí hay un encono, una obstinación en relación a decir “a ustedes las vamos a sacar del juego, a correr de la cancha grande”. Y ese mensaje para mí tiene que ver, por un lado, con los derechos que representamos. Nosotras estamos atacando a un factor de desigualdad profunda como es el patriarcado, como es el machismo que busca recortarnos derechos para garantizar los de los privilegiados, de las minorías. Eso es lo que de fondo quiere la derecha, el liberalismo, el ultra conservadurismo neofacista o fascista, que hoy estamos confrontando. Y saben además que somos parte de un movimiento social muy fuerte. Si hay algo que las mujeres y las diversidades hemos tenido históricamente, es capacidad de resistencia, porque siempre construimos desde los lugares de la subalternidad. Nunca tuvimos el centro del poder y de la decisión, entonces desarrollamos una capacidad de organizarnos en resistencia, de levantar las crisis, de entramar la red de sostén en las comunidades, en los barrios, en los hogares, de generar liderazgos más visibles e incluso comunitarios. La derecha sabe que eso es una potencia contra su proyecto.
Por otra parte, hay un factor que una pensadora del feminismo latinoamericano expresa en una frase muy gráfica: “las mujeres siempre estamos pagando un precio de recién llegadas”. Siempre estamos llegando y siempre están poniendo en cuestión el lugar a donde estamos. Nadie se pregunta en la política por qué tal varón está en tal lugar. En cambio, nosotras siempre estamos como que recién llegamos a la historia, a la política, a los cargos, al ministerio. Lo cierto es que siempre estuvimos, porque somos la mitad de la sociedad, por lo tanto, la mitad de la historia. Nuestra identidad como trabajadoras ha sido un esfuerzo gigantesco de construcción porque el patriarcado la única identidad que nos reconoce es la de mujer madre. Aunque incluso esa identidad ha sido escamoteada, como en el derecho en la patria potestad, a la que recién tuvimos acceso en los años 90. Este otro factor, el de “ustedes son recién llegadas” a la ciudadanía plena, a los reconocimientos de poder, hace que nuestras construcciones en cualquier ámbito estén siempre puestas en tensión bajo la idea de que son conquistas transitorias y amenazadas. Por eso quieren eliminar la Educación Sexual Integral (ESI), el aborto legal (que conseguimos luego de 15 años de campaña), y el ministerio.
RA: ¿Qué significa decir “llegamos”?
Nosotras llegamos y transformamos la sociedad. Tiene que ver con la práctica histórica. Por ejemplo, recién decía que nosotras cuidamos a personas dependientes (el 75% de las tareas de cuidado las hacemos las mujeres). Esto significa que cuando se mejora nuestra autonomía, nuestra capacidad económica, de ingresos, de estudio, de formación, eso tiene derrame hacia la sociedad. Pero además, porque nosotras lo traemos por práctica histórica social y no en términos biológicos, como le gusta decir a algunos. A nosotras nos asignaron en la sociedad el lugar de lo doméstico, lo privado: lo privado de derechos, de recursos, de poder. En “La razón de mi vida”, Evita plantea el tema del trabajo invisible de las mujeres y señala que en la puerta de la casa se termina el Estado y las leyes. Ahí rigen las leyes de quien manda. ¿Y quién manda? El padre de familia, el esposo, al que elegimos para la vida. Pero muchas veces esa persona se transforma en un tirano y ese lugar en un infierno. Por eso, Evita concluye con cierta ironía que, bajo esa situación, “no se va a querer casar ninguna más” y que es central reconocer el trabajo que hacen las mujeres. Pensar en las décadas que tuvieron que pasar para que este tema esté en debate en la agenda pública, tiene que ver con el reconocimiento del trabajo y las tareas de cuidado que realizamos las mujeres.
Para llegar a eso tuvimos que romper y sacar los ladrillos del gigantesco muro que separaban el ámbito doméstico-privado del ámbito público, que es el lugar de la ciudadanía, del reconocimiento, de lo económico, de la representación política, social y laboral. Y cuando llegamos, llevamos a ese ámbito los temas que habían estado vedados de la agenda pública: la violencia de género, el trabajo no remunerado y no reconocido, los derechos sexuales y reproductivos, etc. Al estar presentes, al ser legisladoras, estar en ámbitos laborales y educativos que no estábamos, traemos toda esta agenda. Y además traemos algo que surge del lugar que nos dieron en la sociedad, que es una sociabilización para el otro y para la otra. Mientras que el varón es per sé y se piensa para sí mismo, nosotras como subjetividad nos completamos en tanto otres, algo que fue subvalorado social y económicamente, pero que en términos de valores en la comunidad favorece relaciones que nos hacen empáticas con las otras personas. Quien expresa más brutalmente ese modelo individualista es Milei cuando propone privatizar todos los órdenes de la vida, pero esta lógica se expresa también a través de las relaciones sociales de género. Esa empatía y ese cuidado hacia otres, que en la sociedad capitalista patriarcal se tradujo históricamente en desigualdades desfavorables, implica valores fundamentales que hacia futuro pueden contribuir a construir una sociedad mejor. Porque la patria es el otro y la otra. El individualismo y el “sálvese quien pueda”, es un valor propio del machismo, del patriarcado y del capitalismo. Más allá de que lo llamemos neoliberal o ultra liberal, es una buena metáfora de ese orden patriarcal, que a los fines de desarrollarse individualmente vende todo: el agua, la calle, un riñón, un hijo.
RA: ¿Cuáles fueron los principales problemas que tomaron como agenda desde la creación del Ministerio?
Un tema crucial y fundamental es el abordaje de las violencias por razones de género, porque tiene una dimensión y una escala enorme. Tener políticas, respuestas, programas para esta provincia, es un desafío que está en construcción. Era crucial un cambio de paradigma que plantee la integralidad, la interjurisdicción y la territorialidad. Y ahí el desafío es poder abordar todos los tipos y modalidades de violencia porque, en general, se solapan o se encubren formas de violencia de género que se viven en los ámbitos laborales, mediáticos, simbólicos, en los institucionales. Normalmente el abordaje de la violencia doméstica familiar es en lo que ha habido más propuestas, pero nuestra prioridad es trabajar desde la integralidad porque también necesitamos que cambien las otras condiciones de discriminación, de desigualdad o de violencia, que son favorecedoras también de la violencia en las relaciones sexoafectivas. Sumado a esto, trabajamos en políticas de prevención, asistencia, atención, el abordaje con los varones, las salidas de la violencia, entre otras cuestiones. Como dije en la inauguración del III Congreso “Violencia Política y de Género: Desafíos para la Democracia”, las políticas de reparación y de memoria (lo que aprendimos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo), permiten caminar hacia la construcción de una sociedad con menos violencia. Pero cuando pensás en la salida de las violencias tenés que atender otros temas cruciales, como la autonomía económica, el trabajo, el acceso a la vivienda y el endeudamiento. Cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2015, ni el país, ni las empresas, ni las familias estaban endeudadas. El sobreendeudamiento actual de los hogares y las empresas es resultado de la vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI). No olvidemos que siempre hay una interrelación fuerte, como un continuo, entre lo productivo y lo reproductivo de la vida. Para dar respuesta a esto es que desarrollamos un programa de desendeudamiento porque, además, lo entendíamos como un factor de reproducción de la pobreza, especialmente teniendo en cuenta que casi la mitad de las mujeres trabajan en el sector informal. El fenómeno de la feminización y la infantilización de la pobreza, es un fenómeno muy fuerte en nuestra sociedad, por eso trabajamos en el tema del incumplimiento de la cuota alimentaria y en el acceso a la justicia para garantizar ese derecho. En la provincia de Buenos Aires más del 30% de los hogares son monomarentales y en los hogares de menores ingresos la proporción es aún mayor. El 70% de los progenitores varones no se hace cargo, por lo que las mujeres tienen que iniciar una causa judicial y tramitarla por dos años (sin que se indexe el valor de la cuota). Por eso hicimos un informe que nos permitió obtener información y producir 30 medidas de acción para revertirlo, destinadas al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muchas de esas medidas actualmente están en proceso, y lo que buscan es básicamente fortalecer la voz de quienes tienen que discutir con quienes tienen poder económico.
Otro punto que fue central en nuestra agenda es construir conjuntamente herramientas para que los derechos sean cada vez más accesibles. Por eso es que impulsamos una mesa interpoderes donde trabajamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con Seguridad, con Salud, y las principales autoridades del Poder Judicial. Gracias a eso acortamos plazos, por ejemplo, a partir de confeccionar informes sobre incumplimiento de la cuota alimentaria. En consonancia con eso, desde el Ministerio de Economía de Nación, Sergio Massa solicitó al INDEC que construya un índice de crianza, para que se establezca una base de cuánto cuesta criar un hijo/a y ya tenemos fallos judiciales que lo aplicaron. Es un proceso de transformación profunda de las prácticas que busca que nuestros niños y niñas tengan acceso a la asistencia económica y al cuidado afectivo. Y, sobre este último punto, es que creo que tenemos que poder revalorizar no sólo el tiempo y el valor económico de las tareas de cuidado, sino también su dimensión humana y afectiva. Cuando pensamos en el futuro, pensamos en una sociedad donde pongamos en el centro el afecto, el amor y lo humano.
RA: ¿Se trabaja de manera articulada entre los diferentes ministerios?
Sí, ese es un fuerte mandato de Axel. Él nos dijo, cuando nos tomó juramento, que este tenía que ser un gobierno militante, transparente, cercano y territorial. Por eso es que nuestra gestión tiene un eje muy central que es la transversalización de la perspectiva de género. Tenemos que sacar los alambrados de cada compartimento estatal para trabajar con una mirada que entrecruce toda la política, porque la perspectiva feminista tiene que ser una perspectiva de todo el gobierno. Esa mirada que tiene nuestro gobernador es una mirada de fuerte compromiso político con la gestión y sobre el rol del Estado, muy diferente a la de los modelos liberales, que lo piensan desde una mirada tecnocrática. El Estado tiene que promover el acceso a programas, a recursos, y tiene que dar respuestas a cada una de las cuestiones que nuestro vecino, vecina, necesita. Y eso se resuelve, en general, interministerialmente. Es muy raro que te pueda dar respuesta un solo organismo. Por eso, además de rejerarquizar la Subsecretaría de Políticas Transversales, construimos cuatro organismos específicos: la Mesa Interpoderes, el Consejo de la Administración Pública, el Consejo Social y el Consejo con municipios, desde donde discutimos cómo implementamos la política de género.
Hay dos cuestiones, además, de las que somos responsables como autoridad de aplicación. Por un lado, reglamentamos la ley de licencias por violencia de género y pusimos en funcionamiento los equipos interdisciplinarios. La mayoría de los ministerios y organismos en esta provincia tienen equipos interdisciplinarios que acompañan a las trabajadoras que sufren violencia de género, pero además trabajan la prevención de las violencias en sus espacios de trabajo. Esto es transformador de la administración pública. Por otro lado, la Ley Micaela bonaerense: hemos formado equipos de formadores, Unidades de Gestión, planes para la implementación en cada organismo, que permitieron incluir la perspectiva de género en toda la administración pública. Éstas son prácticas profundamente transformadoras del aparato burocrático. Necesitamos personas formadas y comprometidas y valoramos a trabajadoras y trabajadores como protagonistas de estos cambios.
RA: En relación a las mujeres y diversidades criminalizadas, ¿qué trabajo realizan?
La población más criminalizada es la población trans. Los varones son los que tienen mayor prisionización pero, en términos proporcionales, no se compara con la población trans. Y en las mujeres, el crecimiento de la criminalización se vincula con los delitos de narcomenudeo y la trata de personas. En relación a las causas por homicidios, encontramos un déficit en la consideración de los contextos de violencia de género en los que se producen esas situaciones. Para ello, hemos construido programas de asistencia técnica a las defensas frente a eventos obstétricos, pero también frente a otras situaciones de prisionización de las mujeres. Construimos una mesa de trabajo junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, y con organismos de Derechos Humanos, para abordar las condiciones de detención, promover la morigeración, las prisiones domiciliarias, las tobilleras, y para trabajar con esta población desde que están en prisión hasta el proceso de la salida. Son personas que están cumpliendo una condena y que tienen que tener oportunidades para rehacer su vida.
Otro trabajo que hicimos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue el de caratulación de los expedientes judiciales cuando son por violencia de género. No debemos suponer que alguien que ejerció violencia será violento siempre. Nosotras apostamos muy fuerte a la transformación de las prácticas violentas que son socialmente aprendidas. Para lograr esto, es importante trabajar desde la situación de detención con estas personas. En esta clave, son necesarios los programas de masculinidades que trabajan con la promoción del cambio en las prácticas, en las conductas, en grupos de reflexión y grupos terapéuticos.
RA: Estela, por último, en relación a las denuncias por violencia de género, se creó el Formulario Único de Denuncia ¿por qué esta medida?
Nuestro principal objetivo respecto de las políticas para el abordaje de la violencias, es desjudicializarlas y desecuritizarlas. Estas políticas empezaron abordando la problemática desde la promoción de la denuncia. Y, en ese sentido, la primera respuesta fueron las Comisarías de la Mujer, que son súper importantes. Pero nosotras queremos que cuando se llegue ahí, ya esté la persona atendida previamente e incluso que se resuelva la situación sin necesidad de ir ni a una comisaría, ni un juzgado. Si hay violencia, se vulneran derechos. El Estado debe trabajar para prevenir que esto suceda, porque cuando la persona tiene que recurrir a él es porque el daño ya se produjo. Por otro lado, una vez que se inicia la denuncia, un problema gravísimo que tenemos con los casos de violencia de género es la fragmentación en las intervenciones: son dispersas, inconexas, revictimizantes. Entonces nos propusimos el objetivo de construir una matriz de riesgo. Porque, además, al momento de la denuncia se continúa desvalorizando la palabra de quien sufre la violencia, se la pone en cuestión. Lo primero a ver no es si lo que te dice es cierto, sino evaluar frente a qué riesgo está. Y eso es cambiar la cabeza de quien recibe las denuncias. Con respecto a la fragmentación, el formulario único de denuncias es una herramienta clave, que surge de un acuerdo con el Ministerio Público, la Corte Suprema, y el Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, el de Justicia y nuestro ministerio, y actualmente está en pleno proceso de implementación en la provincia de Buenos Aires. Es un salto cualitativo absolutamente central para fortalecer la atención.