Políticas de inclusión en cárceles

Trabajo, capacitación, educación, identidad y revinculación familiar de las personas privadas de la libertad

Entrevista a Marcelo Iafolla, Director provincial de Coordinación, Producción y Trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Marcelo Iafolla tiene una extensa historia de militancia territorial “iniciada a partir de la convivencia en un hogar de pibes de la calle, lo cual me dio muchísimas herramientas (…) trabajé previamente en organismos de derechos humanos donde se inspeccionaban lugares de encierro, y hace más de 30 años que recorro unidades penitenciarias y centros de alojamiento y de detención para niños, niñas y adolescentes”.

Revista Atípica (RA). Marcelo, cuando ingresaron al Ministerio a fines del año 2019, ¿con qué situación carcelaria se encontraron? 

Durante los años 2015-2019 trabajé en un organismo de derechos humanos donde inspeccionábamos cárceles. En ese tiempo, pude ver el altísimo crecimiento de la población carcelaria y también la baja inversión en infraestructura. Pude ver cómo, en el último período, se le dejó de pagar a los proveedores de medicamentos y de alimentos, que son dos temas muy sensibles dentro de la cárcel, lo cual generó todo lo que vino después. En ese momento, se cuestionaba muchísimo a los derechos humanos desde el discurso y, a su vez, eso se transmitía a las prácticas en los lugares de detención. Entonces, tengo esa película y ese inicio signado por una huelga de hambre de 15.000 personas privadas de la libertad, un caos enorme dentro de las cárceles. Esas situaciones son complejas, se potencian y a veces, desactivarlas no es fácil. Se desactivan con política activa, con pagarle a los que se les debe, reponer lo que falta, que fue lo que se hizo, pero también se desactiva con la palabra. En ese sentido, se generaron Mesas de Diálogo, donde nos reuníamos personal del Ministerio, personas privadas de la libertad, autoridades del Servicio Penitenciario y se dialogaba acerca de la situación que se estaba atravesando. 

RA: En ese marco, y teniendo en cuenta las diferencias con la gestión anterior, ¿cuál fue el rol del gobernador y del ministro Julio Alak en ese momento?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los sistemas carcelarios son muy complejos y tienen un deterioro de muchísimos años. Entre el 2015 y 2019 se acentuó ese deterioro y de alguna manera, se hizo estallar la situación. Cuando digo se hizo estallar es porque si vos cortás el suministro de alimento o haces peligrar el alimento y haces peligrar la salud, es algo que va a estallar. La intervención del gobernador Axel Kicillof y del ministro Julio Alak fue rápida en cuanto a solucionar ese tema, y proponer una mirada humanista sobre las cárceles. Porque también esos conflictos, en muchos momentos, se resolvían de otra manera: con represión, con otros métodos que tienen las fuerzas de seguridad y la decisión, en cambio, fue generar Mesas de Diálogo, hacer que esas situaciones se vayan calmando. Con todo lo que implicó, porque no fueron días, fueron meses de desarrollo de estas Mesas que aún hoy continúan. Lo que caracterizó al gobernador y al ministro en el inicio de la gestión, fue resolver los problemas de medicamentos, alimentos, y mejorar el régimen visita de los familiares. También, darle voz y participación a las personas privadas de libertad en la resolución de esos problemas, porque es una herramienta más para la vida en sociedad, como ciudadanos.

RA: Cuando hablamos de cárceles y del Servicio Penitenciario en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué dimensiones estamos hablando? 

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es el más grande del país. A nivel provincial, tiene 58 unidades, 4 alcaidías penitenciarias y 12 alcaidías departamentales, las nuevas que se están implementando (bajo la dirección de un civil). Además, estamos hablando de un sistema que tiene una población muy grande. Hubo un aumento muy fuerte de personas detenidas entre el 2015 y el 2019. Hacer obras de infraestructura implicó que se arranque con un piso alto de superpoblación y hacinamiento. El problema del hacinamiento vinculado directamente a la infraestructura fue también uno de los temas que se encaró con el Plan de Infraestructura donde se construyeron 7500 plazas hasta la fecha (septiembre de 2023), al finalizar la gestión, en términos de construcción de alcaidías y de unidades, implicará la generación de 12.000 plazas que, para ponerlo en dimensión, es el 50% de lo que se construyó en 200 años de historia de la provincia en el Servicio Penitenciario. Esas 24.000 plazas que teníamos en el 2019, en el 2023 van a pasar a ser 36.000. 

Las alcaldías tienen la particularidad de que impactan en la población penitenciaria porque es el primer lugar de alojamiento de los detenidos, pero tiene también un extra en cuanto a su funcionalidad. Porque, de alguna manera, retiran a las personas de las comisarías y permite que la policía no esté al cuidado de personas detenidas, sino abocada a las tareas más preventivas. Otra de las características en cuanto a la infraestructura penitenciaria, más allá de la construcción de las alcaldías y unidades penitenciarias, es también su ubicación. Al comienzo de la gestión, en el registro de las personas privadas de la libertad, éstas se encontraban agrupadas por departamento judicial, lo que se hizo fue colocarle a cada una su domicilio familiar, obteniendo así la cantidad de personas por localidad. Esto permitió conocer la cantidad de detenidos por localidad y así ubicar en esos lugares las nuevas unidades y alcaidías. Lo que se busca es que la disposición de estos lugares de alojamiento estén cerca de las familias de las personas privadas de la libertad (PPL). Sabemos que una de las necesidades esenciales para la persona privada de la libertad es su vinculación familiar. Para que ese vínculo sea más fluido y menos costoso para la familia es clave que estos lugares se construyan cerca de las localidades donde hay mayor cantidad de detenidos y así, sus familias puedan visitarlos sin tener que afrontar grandes gastos. 

RA: Propiciar el fortalecimiento de relación familiar a través de la proximidad territorial ha sido uno de los ejes sobre los que se viene trabajando, sabemos que otro ha sido la educación en contexto de encierro. ¿Qué nos podés contar al respecto?

En las unidades penitenciarias existe la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Son alrededor de 15.000 personas las que están incluidas en todo el sistema educativo. Esto se lleva adelante con la Dirección General de Cultura y Educación. Si bien la escuela  funciona dentro del contexto de encierro y tiene un coordinador educativo que es del Servicio Penitenciario, porque es el que se encarga de mover o conducir a las PPL hasta la escuela, también está el personal de la Dirección General de Cultura Educación: maestros/as, secretarios/as, directores/as. En relación al nivel universitario, se organiza a través de convenios con distintas universidades. Hoy la Universidad Nacional de La Plata es la que mayor número de personas privadas de su libertad tiene cursando sus estudios. Este año incorporamos algunas diplomaturas. Teniendo en consideración el tiempo promedio de las condenas, observamos que las carreras cortas o la obtención de títulos de menor extensión que el universitario, como una tecnicatura de 3 años, ayuda mucho a que las PPL puedan terminar ese ciclo dentro del contexto de encierro y salir con una herramienta más para el medio libre.

De las 15.000 PPL incluidas en el sistema educativo, aproximadamente 5.500 están en el nivel primario, 7.000 en el nivel secundario y casi 1.800 en el nivel universitario. Subió un montón el número de universitarios, se duplicó durante esta gestión. El número siempre fue de 700, 800 universitarios, actualmente estamos en 1.712. En diplomaturas y nivel terciario estamos alrededor de las 400 personas privadas de su libertad. En algunos lugares, tenemos primer año de terciario, pero en otros ya estamos en el tercer año donde van a empezar a recibir los títulos. Por otro lado, con la Dirección General de Cultura y Educación y con el Ministerio de Trabajo se organizan los cursos de formación laboral o de formación profesional, se diferencian así en su nombre por pertenecer a alguna de estas áreas ministeriales con los cuales también articulamos bastante; ahí más relacionado a lo productivo. En estos cursos de formación están incluidas 12.150 personas, es un número importante a la hora de la formación laboral o profesional.

RA: ¿Hay otras propuestas de formación ligadas a la cultura y el arte? En este aspecto, ¿cuál es el aporte de otros actores, como por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil?

Sí, desde los organismos oficiales existen algunos programas de arte, de música, que se desprenden de algunos de los ministerios, del Instituto Cultural o de la Dirección General de Cultura y Educación. Se generan talleres o ciclos de charla, por ejemplo. A nivel Ministerio de Justicia también tenemos programas relacionados al arte y la cultura.  Además, se motivó y se propicia que las entidades, las organizaciones, las cooperativas, ingresen a la cárcel. Para nosotros que ingresen personas de la sociedad civil es muy positivo. Primero, por cómo interactúan con las personas detenidas, son −por lo general− personas comprometidas, y ese ingreso lo hacen de manera voluntaria. Segundo, porque me parece importante que, en términos simbólicos, se perforen los muros de la cárcel. Perforar los muros de la cárcel significa que se vea ese interior que los muros impiden ver, que sea conocido por la sociedad, pueda ser evaluado de manera personal y no quedarse con el discurso o las imágenes que ofrecen los medios de comunicación, como por ejemplo, que tenemos a El Marginal ahí adentro.

El ingreso de los organismos, de las asociaciones, de las cooperativas, de las entidades, esos modelos de organización más popular, colaboran muchísimo en la dinámica interna de la cárcel y permiten esa interacción con las PPL que hace muy bien, o sea, es acercarse también un poco a cómo se mueve el mundo exterior. Pensemos que hay personas ahí adentro que pasan un tiempo largo. Después, cuando recuperan la libertad, todo les ha cambiado: su casa, el vecino no es el mismo que estaba antes y no saben si la salita del barrio queda para un lado o para otro. Se tienen que reconfigurar en todo, también en sus relaciones sociales. Por eso, que los actores de la sociedad civil ingresen a la cárcel es una tarea fundamental para la dinámica interna de funcionamiento.

RA: ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión en el ámbito carcelario?

Hablar de inclusión, en primer lugar, es hacer un fuerte reconocimiento: las PPL son sujetos de derecho. ¿Por qué digo esto? Porque un juez en un momento dispuso que esa persona tenía que asumir una pena por un delito que cometió y esa pena transitoria le limita solamente el derecho a deambular, a la libertad ambulatoria. Entonces, cuando digo que es sujeto derecho, quiero decir que esa persona tiene derecho a estar incluida en todos los derechos: a la salud, a la alimentación, a la educación, a la posibilidad de formarse, de ver a sus seres queridos. Todos estos derechos están vigentes, sólo tiene la limitación que le impuso la justicia y el condicionante que le propone el Estado que es que permanezca en ese lugar, con lo cual no tiene posibilidad de adquirirlos por derecho propio. Entonces ahí está la inclusión. Me parece que el Estado pone en marcha la inclusión cuando hace que esas personas accedan a toda esa batería de derechos, los cuales están establecidos en nuestras leyes y en las leyes internacionales incorporadas a la Constitución. Además, hay una mirada que tienen que tener los gobiernos, la mirada humanista, que es muy importante respecto de las personas que están en esa situación. Diría que es mayor la obligación del Estado porque se trata de personas, más allá de la cuestión penal, en estado de vulnerabilidad, o sea, que no cuentan con la posibilidad de acceder a esos derechos si no somos nosotros los intermediarios. Es decir, la inclusión implica garantizar los derechos de las personas que están en contexto de encierro, en ese tiempo de transición.

Pongo mucho hincapié al decir “los contextos de encierro son un contexto de vulnerabilidad”, porque esas personas están en una situación de vulnerabilidad. El Estado está mejorando los espacios educativos en el contexto de encierro. Las escuelas en las cárceles van en camino a ser mucho más sólidas, a incorporar a estos contextos todos los programas que existen en los distintos ministerios, porque estas personas están en condiciones de desfavorabilidad. ¿Y esto dónde se nota? Se nota en un pibe o una piba que termina la primaria dentro de una cárcel o que ingresa a la universidad dentro de una cárcel. En el medio libre a veces no logramos captar a esos/as pibes/as y terminan yendo a la escuela o la universidad en una cárcel. Estamos hablando que pueden acceder a la universidad acá adentro, pero en el barrio no hubiesen accedido. Entonces, en esos contextos hay que poner mucha energía, mucha política pública, para que esas personas se nutran de todas esas cuestiones y cuando salgan estén en mejores condiciones que cuando entraron, a partir de haber adquirido herramientas para poder desarrollarse. Por eso justamente en esos lugares hay que generar ámbitos para que esas personas se doten de herramientas. 

RA: ¿Qué líneas de trabajo abordaron esas cuestiones? ¿Cuáles son los programas o acciones que lleva adelante el ministerio y en particular, la Dirección de Coordinación, Producción y Trabajo?

Una de las primeras acciones estuvo vinculada a mejorar las visitas de las familias en las cárceles con el fin de que las personas esperen cada vez menos y que esas situaciones no sean tan largas, tan terribles. Se aumentaron y separaron los días de visitas para que las personas pudieran concurrir con más facilidad y privilegiar esos espacios para que puedan recibir la visita.

Otro tema que afrontamos fue la documentación para lograr que las personas que están en contexto de encierro tengan su DNI. Se decidió hacer los DNI a todas las personas, de modo que al momento de salir puedan tenerlo para desarrollar la vida como la desarrollamos nosotros, y también para tener la posibilidad de buscar un laburo, porque sin documentos seguramente no te lo van a dar. Se vincula con lo práctico, pero también con el derecho a la identidad. 

Con respecto a educación, la prioridad fue aumentar cada vez más las matrículas de personas ingresantes. Cuando iniciamos la gestión había muchísima lista de espera que duplicaba la lista de asistentes, eso se redujo. También se incorporaron otras carreras: tecnicaturas y talleres que permiten que la mayoría de la población tenga alguna actividad dentro del contexto. Con los cursos de formación laboral, lo que se trató de hacer es, de alguna manera, redireccionar todo lo que se venía llevando adelante con la Dirección General de Cultura y Educación y con el Ministerio de Trabajo, a cursos que tengan que ver con la necesidad de cada uno de los territorios. O sea, en la provincia se fueron reorientando los cursos de formación laboral para que si la demanda es la plomería o la albañilería, los cursos se canalizan por ese lado; o si es de informática o tratamiento de residuos, se orienten en ese sentido. Todas estas estas cuestiones se fueron viendo y estudiando. 

Hablo de la Dirección General de Cultura y Educación, pero también del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Producción, del Ministerio del Gobierno que hace los documentos, del Instituto Cultural con el que elaboramos todo el tema de arte y cultura, del Ministerio de Salud con el que hacemos el programa Qunita. Esto tiene que ver con la interministerialidad, que no es algo que queda en palabras nada más. Cuando necesitamos saber las necesidades productivas de la provincia de Buenos Aires consultamos al Ministerio de Producción. Porque lo que hicimos en cada uno de los ámbitos de trabajo fue reforzarlos con entornos formativos. Eso le da más peso a la tarea productiva que se está desarrollando. Por ejemplo, en la Unidad 12 de Gorina tenemos el tema de la producción agrícola, trabajamos con el Ministerio de Agricultura y hacemos cursos de capacitación de esas personas privadas de la libertad en torno a la actividad productiva que hacen. Tratamos de ir direccionando los entornos formativos a cada una de las actividades productivas y a las demandas de la provincia. 

RA: ¿Cómo iniciaron los polos productivos en las cárceles?

El ministro Julio Alak detectó el tema del trabajo como un eje central, marcando una línea a través del  Programa “Más trabajo, menos reincidencia”. En este sentido, nació la idea de desarrollar polos productivos dentro de las unidades penitenciarias que tengan una similitud con fábricas o con los emprendimientos que hay en el medio libre. Ello implicó dotar de herramientas y capacitaciones necesarias, sumado a todo lo que requiere la producción en cuanto a estándares de calidad, cantidades, previsión de la producción, análisis de los costos y otras cuestiones que hacen al entorno de esos polos productivos. 

El primer polo industrial que empezamos a planificar en el 2021, hoy en funcionamiento en la Unidad N° 1 de Olmos, produce todos los elementos del kit Qunita bonaerense. Se instalaron todas las máquinas, se armaron los entornos formativos y se empezó la producción en noviembre-diciembre de 2022. El kit tiene 22 o 23 productos textiles, el moisés y todos los elementos de sujeción. Todo se elabora en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires y en la actualidad se están haciendo 4.000 kits mensuales, y proyectamos alcanzar los 6.000. Ya hay una producción continua, esas líneas que propusimos para la producción están todas funcionando y pudimos llegar a este número que es muy importante para nosotros. 

Se pudo llevar adelante el emprendimiento con características bastante similares a una fábrica. Cada uno tiene su línea de producción, el producto empieza en un sector y termina en otro y luego pasa a un control primario de calidad donde se evalúa cómo quedó confeccionada la prenda. Tiene estándares ya establecidos que hacen a un producto de calidad muy bueno. Todos los pibes y las pibas que trabajan ahí lo hacen con un compromiso muy grande y adquieren rápidamente la destreza para hacer la actividad, el desarrollo de la producción. Participan, por supuesto, de todos estos entornos formativos que le dan la capacitación oficial, ya sea en textil, en carpintería o en pintura. 

En relación a la cuestión organizativa de la producción, generamos dos sedes de un instituto terciario. En la Unidad N° 1 se reciben de Técnicos Superiores en Industrias Textiles e Indumentaria. Actualmente, hay un grupo de 30 personas y el año que viene ya terminaríamos el ciclo con primero, segundo y tercer año completo. En la Unidad N° 8 de mujeres, lanzamos la Tecnicatura Superior en Administración de Cooperativas y Organizaciones. Después vamos a tratar de cruzar esos terciarios, pero estaría cubierta la parte relacionada con la producción, con la empresa y la otra parte vinculada a la organización. De todo esto quienes participan, reciben certificados oficiales.

Estamos próximos a incorporar el tema del reciclado: en 12 unidades penitenciarias estamos haciendo separación de residuos desde origen, desde el pabellón, donde ya están los tachitos donde van cada uno de los residuos. Luego eso se deposita, ya con una estructura armada de la persona que pasa recolectar los tachos, y los vuelcan en distintos bolsones. Ellos la separan como indica la normativa del reciclado. Después, a través de cooperativas de personas liberadas en el medio libre, eso se retira y ellos lo comercializan. 

Unido a este proyecto generamos lo que se llama el SAFI, un Sistema de Administración de los Fondos de los Internos, donde se registran las tareas de cada uno y obtienen un incentivo, una retribución económica que se le deposita en una cuenta bancaria y es para uso personal. Por lo general, es ayuda familiar, es para alivianar un poco la cuestión de la familia y de las visitas. Del Polo Productivo donde se fabrica el kit del programa Qunita, participan aproximadamente 500 personas y en las cocinas de las unidades, unas 740 personas que también están incorporadas en el SAFI y reciben el incentivo. La idea es ir sumando todas las actividades que hay dentro de las unidades.

RA: ¿Cómo se organizan los polos productivos? 

El Polo Productivo donde se elabora el kit del Qunita, está centralmente en la Unidad N° 1 de Olmos. Se fabrican otras piezas del kit en el polo que funciona en la Unidad N° 8 de mujeres en Los Hornos (La Plata), en el pabellón de diversidad de la Unidad N° 32 de Florencio Varela, y en Unidad N° 47 de San Martín, en el sector de pre-egreso, que es donde están las personas próximas a recuperar la libertad. Y ahora se incorporó la Unidad N° 9 con talleres.

A partir del Qunita, que tiene esos cuatro centros de producción mencionados, generamos otras unidades “satélite” que no tienen la misma infraestructura, pero nos posibilita ir capacitando personas que pueden, más adelante, formar parte de algunos de los polos o en el futuro generar un polo industrial nuevo. Esto nos permite tener personas con algún tipo de destreza para poder iniciarlo. Porque tampoco es fácil la tarea de formación: lleva mucho tiempo y en cada uno de estos lugares la formación es continua y cuatrimestral. Arrancamos en marzo hasta julio que termina la primera cohorte y en julio empieza la segunda. Tenemos que tener siempre un banco de suplentes, porque recuperan la libertad, o tienen visita ese día y no pueden concurrir; siempre la silla de alguna manera tiene que estar ocupada. Entonces esa rotación hace que la formación tenga que ser continua.

A su vez, incorporamos la Unidad N° 9, la Unidad N° 30 de Alvear, la Unidad N° 35 de Magdalena y la Unidad N° 52 de Alvear en el Qunita. En cada una de esas unidades se fabrica un sólo elemento, por ejemplo, hacen sábanas. Estas personas también están incorporadas al sistema de incentivos, no se deja que nadie ingrese a un Polo Productivo si no tiene el seguro de accidentes personales y la incorporación al incentivo. Esta modalidad la tomamos como regla y se tiene que cumplir.

Lo mismo pasa con el sistema alimentario o, por ejemplo, con el polo productivo que actualmente se está desarrollando en la Unidad N° 37 de Barker, donde se confeccionan guardapolvos, ya sea de trabajo o escolares. Los de trabajo son más para consumo nuestro, para dotar de ese elemento a las personas que están trabajando, y los escolares para poner a disposición de la provincia para que cuando hacen la distribución de esos elementos, lo puedan hacer a través nuestro. En la actualidad, este polo está produciendo unos 1.000 guardapolvos por mes y la expectativa es llegar a 2.000, 2.500 guardapolvos mensuales; por lo cual vamos a tener un número anual importante para poder suministrar a través de la provincia con el mismo esquema: el entorno formativo, el polo productivo, la incorporación al incentivo. Todo lo que vamos creando, de alguna manera lo llevamos así.

Queremos poner en marcha para fines de septiembre, en la localidad de Campana, un polo de mobiliario escolar donde vamos a hacer bancos y sillas, el pupitre y las dos sillitas, para las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar el primero en Campana y luego está previsto, para la próxima gestión, Mar del Plata, Olavarría y Bahía Blanca. Los ubicamos estratégicamente en la provincia para el tema de logística y para la distribución posterior de los muebles, porque también la Dirección General de Escuelas tiene un taller de infraestructura que está en La Plata, así que ellos ya tienen la zona cubierta. Con esos cuatro polos funcionando vamos a poder fabricar el 50% de lo que necesita la provincia para las escuelas. También estamos llevando adelante los Polos Agropecuarios, para lo cual estamos trabajando en Alvear, Baradero, Gorina y Saavedra, donde estamos estructurando y refaccionando los lugares para que sean lugares de producción. 

RA: Introducir e implementar espacios de trabajo en las cárceles, ¿genera transformaciones? ¿De qué tipo?

Se generan cambios. Tener toda esa cantidad de personas trabajando y/o estudiando, algunos incluso después de la jornada laboral, también baja los índices de conflictividad. Si logramos sostener esto y hay 400, 500, 600 personas laburando, la cárcel de Olmos cambia su perfil totalmente porque la dinámica del día a día, los hace vivir de otra manera. Un día, veo a uno que mientras armaba una mesa de corte, se reía. Entonces, le pregunto: “¿qué te pasa que te reís solo?” Y me dice: “no sabes lo lindo que es querer armar algo y tener todos los elementos para poderlo armar”. Para mí estos climas generan eso. Si logramos que tengan continuidad va a ser favorable.

Si me preguntan cuál es el mejor plan de seguridad, es este, no hay otro: formar a la persona y dotarla de herramientas para cuando salga en libertad. Mostrar los polos productivos, el Qunita, los guardapolvos, el mobiliario escolar. Es como generar otro microclima para que cuando tengan que recibir a estas personas, las reciban de otra manera. Asimismo, generar esa corresponsabilidad con los municipios es también una tarea. Ahora hay 22 municipios que firmaron el convenio con el ministerio para generar sus oficinas de inclusión. Cuando sale una persona en libertad, tendría ese lugar donde poder ir de alguna manera, una referencia. 

RA: ¿Es necesario ampliar la política de inclusión en contexto de encierro? 

En lo inmediato, uno tiene el trabajo de todos los días que es implementar estas políticas, llevarlas adelante y acompañar el proceso de esas personas que están en el contexto de encierro. “Acompañar” significa “resolver”. Debe haber una continuidad en instalar lugares que tengan esta lógica de funcionamiento como los polos productivos, pasando por la educación, la formación y por el arte. Es una decisión política hacer DNI, es una decisión política hacer polos productivos y es una decisión política, darle el incentivo a las personas que trabajan y el seguro de accidente personal. Eso marca algo dentro del contexto de encierro. Yo tengo la ilusión de que algo quede; me gusta siempre dejar cosas, y alguien retomará estas postas. Porque tampoco vamos a poder solucionar en poco tiempo los problemas estructurales de un sistema penitenciario de 200 años, vamos a necesitar más tiempo. Que esto sea como una carrera de postas: ojalá que el que la lleve el día de mañana, siga por este camino con inclusión, con buen trato. Creo que el tema del buen trato, ese concepto humanista del abrazo, del afecto, de atender cuestiones que tengan que ver con lo cotidiano, todas cosas que suman a la inclusión, que no quedan al margen. Esas cosas también hacen a la inclusión, y suman a que la persona tenga cierta sensibilidad o se le vuelva a despertar. En climas muy oscuros se cierran esos aspectos. Una vez, una persona privada de la libertad, me contó: “Yo empecé a ir al gimnasio dentro de la cárcel no porque me gustaba, empecé a hacerlo porque cuando llegaba al gimnasio, el que me daba la clase me decía “Hola Carlitos, qué suerte que viniste” y a mí nunca nadie antes me había dicho eso.