Caballer, F., 2021. Una política de cuidados en entornos digitales. Revista Atípica, (2).
Corresponsabilidad y planificación desde y por los derechos humanos
El contexto de excepcionalidad que estamos viviendo a razón de la pandemia por COVID-19 presentó un escenario desafiante para quienes construimos, planificamos y gestionamos en diferentes áreas del Estado bonaerense. La digitalización y virtualización de nuestras vidas cotidianas, relaciones y formas de trabajo hizo que las redes sociales y los entornos digitales y virtuales adquieran un protagonismo que, si bien venía in crescendo, se presentó como el escenario por excelencia para poder seguir desarrollando nuestras tareas y vidas. Asimismo, varias situaciones problemáticas que ya eran parte de nuestras cotidianidades e intervenciones comenzaron a tener expresión también a través de los entornos virtuales, lo que exigió y exige que quienes asumimos espacios de gestión podamos planificar, intervenir y acompañar para que ese espacio —muchas veces desregulado para las lógicas burocráticas estatales— tengan una presencia estatal preventiva desde una política de los cuidados personales e interpersonales que busquen acompañar y promover derechos como práctica preventiva prioritaria para reducir violencias aun en contextos de excepcionalidad.
La construcción de una política destinada a proteger a las personas que atraviesan vulneraciones y violencias a través de la articulación y planificación de acciones destinadas a reducir, prevenir y acompañar a las y los bonaerenses, todo ello vinculado a cómo poder utilizar entornos virtuales de manera cuidada y previniendo delitos —sin caer en una retórica del miedo o de la lógica punitiva como única opción— resulta en este contexto una decisión político ideológica destinada a promover y garantizar los derechos humanos como eje vertebral e inherente del gobierno provincial y todas sus carteras.
En este contexto asumimos la tarea de pensar, planificar y construir colectivamente estrategias interministeriales desde perspectivas integrales, transversales e intersaberes que potencien y cualifiquen a les trabajadores del Estado desde sus áreas de competencia directa. Decisión que también tiene su anclaje en la revalorización del rol fundamental que el Estado, sus trabajadores y trabajadoras tenemos en la posibilidad de romper con la concatenación de vulneración de derechos y reposicionar el lugar fundamental de la políticas públicas para la ampliación de derechos y sus garantías, así como la corresponsabilidad como parte inherente de un proyecto de país y de provincia para todas, todos y todes.
Si bien los derechos humanos cuentan con una larga trayectoria y recorrido institucional, sabemos que para lograr su garantía en todo el territorio bonaerense y para todes les habitantes, debemos construir y asumir un compromiso a nivel colectivo y comunitario. El estado, sus instituciones y sus trabajadores y trabajadoras somos responsables en la ampliación, garantía en el acceso y ejercicio pleno de derechos. La contrapartida de comprender esto es que debemos asumir la incidencia de nuestras acciones, decisiones y omisiones en caso de que estos se vean vulnerados.
Asumir el principio ético político de la corresponsabilidad, supone asumir que todas las acciones y estrategias deberán efectuarse y regirse por este principio sostenido desde el paradigma de promoción y protección integral de los derechos. El Estado en todos sus niveles y sectores, los grupos de crianza, familias, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general somos responsables de garantizar los derechos, en primera instancia, de las niñeces y juventudes así como de todes les habitantes de nuestra patria. Esto obliga a que todos nuestros abordajes e intervenciones se efectúen de manera situada y articuladamente. Entendemos entonces que, garantizar el acceso y difusión de información certera sobre las políticas públicas, las posibilidades y la diversidades de estrategias de intervención, así como garantizar y promover la viabilidad de las mismas, son acciones claves que comprometen a varias áreas públicas que precisan de una planificación y una articulación interinstitucional para garantizar que el acceso a los derechos se de manera efectiva y evitando sobre intervenciones burocratizadas y acciones re victimizantes sobre la población.
El programa interministerial Cuidarnos en Red como praxis de la corresponsabilidad
La propuesta y convocatoria realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para abordar la prevención de algunas prácticas delictivas que tienen como escenario la virtualidad en pleno contexto de pandemia y aislamiento, supuso desde el comienzo un armado y un trabajo de articulación basado en la construcción de consensos y marcos conceptuales y de intervención colectivos y homogéneos, tendientes a romper con la fragmentación que caracteriza a la implementación y planificación de políticas públicas. Esta decisión ética y política, la cual acompañamos e impulsamos activamente también desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, estableció desde el comienzo que la diferencia iba a ser la potencia de este programa. Aquello que comenzó como una instancia de producción de guías y protocolos, derivó en mesas de trabajo interministeriales e interagenciales que además de construir recursos específicos para la población y les trabajadores estatales, también construía criterio colectivo sobre la conceptualización de las situaciones problemáticas que buscaba intervenir y sobre el diagnóstico de situación del territorio bonaerense teniendo en cuenta toda su heterogeneidad.
El trabajo en la escuela es un espacio que presenta una gran potencia para intervenciones de promoción de derechos, de prevención de situaciones de desigualdad y de injusticias, así como también para la intervención por parte del Estado para dar respuesta cuando una situación problemática o de vulneración de derechos se presenta. La capacidad transformadora que tiene la escuela como espacio privilegiado para poder repensar las formas en que colectivamente nos organizamos para promover derechos, para darlos a conocer, para caracterizar conjuntamente las diferentes problemáticas y para definir estrategias de intervención resulta una característica prioritaria que se busca fortalecer desde cada acción que implementamos.
Comprender la interdependencia que tienen los derechos es lo que nos clarifica la necesidad imperiosa y ya urgente de comenzar a articular cada área estatal institucional municipal e interinstitucional, el estado debe dejar de funcionar como departamentos estancos que nada tiene que ver uno del otro, y sus agentes debemos garantizar que así sea, comprendiendo la labor y responsabilidad que cada quien tiene en esa cadena que puede terminar siendo parte del eslabón que concatena vulneraciones en vez de garantías. Esta es la implicancia de asumir que el estado somos todes.
Las situaciones problemáticas que se abordan desde el programa Interministerial Cuidarnos en Red son complejas y desde la estructura estatal se propone trabajarlas de una forma novedosa; la cual requiere de acciones concretas y articuladas para intervenir, acompañar, promover y velar por la garantía de los derechos de las niñeces y juventudes.
El programa propone conformar una red comunitaria y estatal que pueda promover, prevenir y anticiparse como política pública; caracterizar y abordar de manera interministerial las situaciones problemáticas que pueden surgir al habitar los entornos virtuales. Articular criterio, construir formas de acompañamientos e intervención, realizar y capacitar agentes públicos de diversos ministerios, agencias y municipios compartiendo un mismo criterio acordado y generando las instancias de articulación, es lo que permite que este programa; lejos de ser un programa punitivo vinculado a distintos delitos, sea un programa y una política de promoción de derechos y prácticas de cuidados personales e interpersonales que tiene a los sujetos como columna vertebral que orienta y guía la intervención de cada ámbito estatal y de cada trabajador estatal.
Como adultas y adultos que trabajamos, cuidamos y vivimos con niñeces y juventudes, tenemos el desafío de comprender las formas en que ellos y ellas se vinculan, crean redes, afectos y amistades a través de estos entornos nuevos que no reemplazan los espacios de encuentro, aprendizajes y de recreación presenciales, pero que también son significativos hoy día en la construcción de sus subjetividades.
Garantizar derechos y promocionar derechos supone la necesidad de poder crear estrategias situadas en los sujetos y territorios particulares donde desplegamos nuestras tareas: quiero decir, las leyes suponen marcos normativos que estructuran o deberían estructurar nuestras acciones tendientes a siempre ampliar derechos colectivos (no hay derechos individuales sino estaríamos hablando de privilegios) y esto supone la tarea de la escucha activa y presente, para romper con la tradicional estatal de aplicar protocolos y recetas unívocas a situaciones que son atravesadas por la particularidad y singularidad de cada situación y persona.
Incorporar estas necesarias reflexiones entorno a los derechos marca una inflexión en el ejercicio de nuestras tareas, esto no implica una aplicación de derechos según mi marco individual moral, el carácter de irrenunciabilidad que tienen los derechos humanos marca un compromiso que es político, y que debemos ejercer más allá de convicciones morales o religiosas individuales, quiero decir: no puedo ni debo vulnerar un derecho fundamentado en algo «que yo creo», en ese sentido, el trabajo articulado y en red es fundamental para sostener esta garantía. La formación continua, la actualización sobre las teorías de los derechos es en este punto una necesidad fundamental. Como la Escuela y el Estado conceptualiza a los jóvenes y a las niñeces, supone un acto de profunda empatía la cual se da de manera privilegiada en la escuela, es por esto que la entendemos como la institución que puede y debe encabezar esta transformación en cómo comprendemos los derechos y sobre todo en cómo pensamos nuevas formas de ampliarlos y garantizarles, y sobre todo cómo reducimos los índices de vulneración.
La Escuela también es un lugar de aprendizaje de ciudadanía colectiva, de organización y de lucha; donde el cuerpo, las emociones y los sentimientos tienen lugar, donde la pregunta es rectora de la práctica de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo acompañamos a nuestros jóvenes y qué herramientas les brindamos para que el día de mañana puedan ser autónomos y cooperativos con sus compañeros y vecinos a la hora de pensar la garantía de derechos? ¿Qué enseñanzas tomamos de la pandemia y el aislamiento respecto de las prácticas de cuidados colectivos? ¿Cómo podemos reconstruir una ciudadanía cooperativa y organizada orientada a la producción de prácticas de cuidado en un mundo que tiende a la constante individualidad y privacidad de nuestras vida y afectos?
Entendemos que estamos en condiciones de repensar las conceptualizaciones para transformar nuestras intervenciones. Si fragmentamos los abordajes, nos fragmentamos como tejido social, nos impedimos cuidarnos. Solo una salida a través de una cultura de cuidados comunitaria hará de la promoción de los derechos un bien común para todes.
Florencia Caballer. Directora de Promoción de Derechos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires